Sorpresa y extrañeza produjo este martes la revelación del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, en el sentido que está de acuerdo con que los condenados por delitos de lesa humanidad puedan participar en política.
Lo dijo ante la Corte Constitucional al pedirle que tumbe parcialmente un artículo del Marco Jurídico para la Paz que expresamente dice que responsables de delitos de lesa humanidad y de genocidio cometidos de manera sistemática no pueden participar en política. Esto -dijo el Fiscal- restringe la posibilidad de que excombatientes, exintegrantes de la guerrilla para participar en política.
En la jornada, citada en la Corte, el Fiscal se pronunció minutos después de que el Procurador General, Alejandro Ordóñez, pidiera la inconstitucionalidad del mismo artículo. En criterio de Ordóñez por estimar que viola los derechos de las víctimas.
El Fiscal pidió la inexequibilidad del artículo tercero del Acto Legislativo 01 de 2012 al estimar que restringía la posibilidad que tiene el Congreso para establecer; por Ley, qué delitos son conexos con los delitos políticos y, en consecuencia, establecer quiénes y por qué delito pueden participar o no en política.
“Al restringir esa libertad de configuración, cercena la posibilidad de buscar una salida negociada al conflicto porque impide en algunos aspectos que los miembros de grupos ilegales puedan participar legalmente en política”, señaló.
Luego, el Fiscal hizo una declaración ante los medios de comunicación señalando claramente que está de acuerdo con que excombatientes de la guerrilla que haya cometido delitos de lesa humanidad puedan participar en política.
“Mi propuesta es que aunque se sancionen y sean condenados por delitos de lesa humanidad, puedan participar en política como un gesto de reconciliación de toda la sociedad colombiana. No estoy de acuerdo que quien haya sido sancionado o condenado por un delito de lesa humanidad, pierda de por vida sus derechos políticos”, apuntó.
Aunque no permitió preguntas, la posición de Montealegre generó revuelo entre los asistentes a la audiencia pública de la Corte, entre ellos, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien defendió la tesis de que responsables de genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos de manera sistemática no podrán hacer política.
Otálora dijo que no estaba de acuerdo con la posición de Montealegre, porque la norma claramente establece límites para quienes pueden hacer política. “Por el tema de las víctimas, por el derecho que tienen, no considero que deban estar cobijados esos delitos en el proceso de paz”, apuntó.
“Es una lectura que él está dando. Ahí encontramos tres extremos en particular. Uno que considera la norma toda inconstitucional, como lo planteó el Procurador; uno que lo considera parcialmente constitucional pero que pide que los delitos conexos clasifiquen; y, finalmente, la posición de la Defensoría para que se respete la norma como está”, señaló.
“Para mí como Defensor del Pueblo es fundamental que se garanticen los derechos constitucionales de los más de 6 millones 300 mil víctimas registradas por el Estado”, precisó.
Por otro lado, preguntado sobre la posición del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, también favorable al Marco Jurídico para la Paz, fue más diplomático e indicó que las posiciones del fiscal le merecen su más profundo respeto y consideración, y no se comprometió a emitir una opinión sobre el tema.
“Él es un jurista avezado y ya lo dejaremos en la Corte. No me corresponde a mí expresar si le dan la razón o no, pero me parece que es un planteamiento interesante”, dijo.
Quien sí se mostró abiertamente en desacuerdo con la postura del Fiscal, fue el exviceministro de la Defensa, Rafael Guarín, demandante de la norma ante la Corte.
Guarín le dijo que no entendía la posición de Montealegre y se mostró preocupado con los alcances de los dicho por el Fiscal de cara a lo que se acuerde en La Habana, Cuba.
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