Los efectos del paro judicial se agravaron ayer, al sumarse el CTI de la Fiscalía en Medellín y la Fiscalía General en Bogotá.
Las funciones que desempeñan estas instituciones, entre ellas la inspección judicial a los cadáveres y la legalización de capturas, serán asumidas, en lo posible, por la Sijín de la Policía.
Ayer, en la tarde, en el búnker de la Fiscalía, seccional Medellín, los carros de la Policía que llegaban con capturados eran detenidos en la entrada por los manifestantes, que siguen reclamando su nivelación salarial y el aumento del presupuesto para la Rama Judicial.
Allí solo se les daba paso a los casos urgentes de capturas en flagrancia, de los cuales solo se admitían los de homicidio o desaparición forzada, pero hechos relacionados con posesión de droga u otros asuntos menores, no se les daba paso para legalización por la URI (Unidad de Atención Inmediata).
Como consecuencia de esta situación, los policías con sus detenidos tenían que retornar a sus estaciones, en las que solo pueden mantener a las personas privadas de la libertad por 36 horas. Al pasar ese tiempo, quedan en libertad si no hay legalización de la captura.
En Bogotá la situación es similar, los 1.500 empleados que laboran en el búnker se declararon ayer en cese de actividades. "Se realizó una asamblea y se tomó la determinación de sumarnos al paro", señaló a Colprensa, Julio César Niño , quien trabaja en la Unidad Nacional de Terrorismo.
Y la solución sigue en veremos luego de una reunión, entre las partes, que duró cinco horas. "Se conocieron las aspiraciones máximas y los puntos de diferencia. La solución depende de que se financien 80.000 millones de pesos en el gasto de funcionamiento de la Fiscalía para el año 2013", indicó la Judicatura.
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