En 1912, cuando un joven estudiante de Derecho, nacido en Entrerríos -Francisco de Paula Pérez- fundó EL COLOMBIANO, gobernaba el país el también abogado antioqueño Carlos E. Restrepo, político moderado que no incurrió en el sectarismo partidista que sería una de las características del ejercicio público durante las décadas siguientes.
Colombia era una nación incipiente, un país pastoril encerrado mentalmente en las estructuras de la colonia española, y que había sufrido la experiencia de varias guerras civiles, la última de ellas, la de los Mil Días. En 1903, además, había perdido a Panamá, que con el patrocinio de Estados Unidos se proclamó independiente.
Reforma constitucional de 1910
Desde 1886, regía en el país una Constitución centralista, oficialmente católica, inspirada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Consagraba un período presidencial de seis años, siendo el Congreso el que elegía al Presidente de la República, que tenía posibilidad de reelección.
En 1910, previa a la llegada al poder de Carlos E. Restrepo, el general Ramón González Valencia -presidente interino- convocó una Asamblea Nacional que introdujo reformas a la Constitución de 1886. Redujo el período presidencial a cuatro años y prohibió la reelección. Además, eliminó la vicepresidencia y la sustituyó por la figura del Designado, vigente hasta 1994.
La hegemonía conservadora
El país fue gobernado por un régimen conservador desde 1886 hasta 1930, con algunos paréntesis de moderación. Se sucedieron en el poder generales (Rafael Reyes, Pedro Nel Ospina, Jorge Holguín), gramáticos (Marco Fidel Suárez) y juristas (José Vicente Concha, Miguel Abadía Méndez), todos arropados por la jerarquía eclesiástica, sin cuyo nihil obstat nadie se apoltronaba en el solio de Bolívar.
Tan fuerte fue la influencia católica, que en 1930, cuando monseñor Ismael Perdomo, arzobispo de Bogotá, no pudo definirse para apoyar a uno de los dos candidatos conservadores, este partido perdió la Presidencia. El liberalismo recuperó el poder, y el ingenio cachaco bautizó al arzobismo como “monseñor Perdimos”.
La República Liberal
El liberalismo recupera el poder en 1930 con Enrique Olaya Herrera, y allí permanecerá hasta 1946, cuando se divide entre dos candidatos (Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán), y el conservatismo vuelve al poder.
Durante la República Liberal, el gran sacudón político se produce en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), que con su Revolución en Marcha y la reforma constitucional de 1936, da un vuelco a la concepción del Estado, que pasa a ser intervencionista en la economía. Además, se introduce el concepto de la función social de la propiedad, que llegó a ser considerado “comunista” por la oposición. Para muchos historiadores, entre ellos Álvaro Tirado Mejía, López Pumarejo fue el gran transformador del país en el siglo XX.
Regreso del Conservatismo y el “Bogotazo”
Ante la división liberal de 1946, el Conservatismo entra por el medio y recupera la presidencia, con Mariano Ospina Pérez, estadista antioqueño, ingeniero de profesión. Le tocó a Ospina enfrentar la insurrección popular derivada del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Ese día, según analistas del más diverso espectro ideológico, la historia del país se partió en dos, y la violencia se inoculó como virus letal en el cuerpo político colombiano.
Ospina entrega el poder en 1950 al jefe conservador Laureano Gómez, conocido por sus contemporáneos como El Monstruo por su arrasadora oratoria y fuerte personalidad. Gómez, enfermo, cede el poder a Roberto Urdaneta. Al reincorporarse a la silla presidencial el 13 de junio de 1953, es derrocado por un golpe de Estado perpetrado por el teniente general Gustavo Rojas Pinilla.
En todo este período la violencia partidista se extendió a casi todas las zonas rurales y urbanas del país. Alcanzó tales niveles de barbarie que se le bautizó así, con mayúscula: La Violencia.
El Frente Nacional
Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez canalizan, finalmente, la inconformidad con el régimen militar -que había sido recibido con alborozo en sus inicios- y crean el Frente Nacional, para rotarse el poder liberales y conservadores durante 16 años, con paridad burocrática en la administración pública.
Con el Frente Nacional se alcanza una relativa paz política, pero el juicio histórico le reprocha haber cerrado espacios a cualquier otra alternativa política. De este argumento han echado mano repetidamente quienes justifican, desde esas épocas, la lucha armada en Colombia.
El Frente Nacional terminó en 1974, y por lo menos dos de sus presidentes fueron grandes estadistas: el propio Alberto Lleras, y Carlos Lleras Restrepo, ambos liberales.
Hacia la Constitución de 1991
El gobierno liberal de Virgilio Barco (1986-1990) rompió la tradición frentenacionalista, e intentó un esquema gobierno-oposición. En ese cuatrienio turbulento se abrió paso un movimiento para hacer una reforma constitucional, la cual se concretó en el mandato siguiente, de César Gaviria.
El 4 de julio de 1991 se promulgó una nueva Constitución, hecha por una Asamblea Nacional Constituyente conformada por diversos actores políticos. Esa Carta Política nos rige hoy -con más de 29 modificaciones- y, mal que bien, cambió radicalmente la estructura del poder institucional en el país.
El reto subversivo
Al comenzar este siglo, el país apuntaba a ser un Estado fallido, donde las instituciones no podían responder a las demandas de justicia y de vigencia de la legalidad. Las guerrillas avanzaban a tal punto que, si bien no tenían posibilidad real de tomar el poder, sí estaban en capacidad de bloquear la precaria acción del gobierno.
A partir de 2002, con la elección de Álvaro Uribe el clima cambia sustancialmente. Su ejercicio permanente de “Comandante en Jefe” con mayor control del orden público, crea un movimiento de opinión que impulsa su reelección. Ésta se tramita en el Congreso, no exenta de polémicas, que han merecido incluso pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Colombia, democracia en construcción
Una concepción ideológica aún fuerte concluye que Colombia es un país cerrado donde el poder político lo manejan 20 familias. Los numerosos “delfines” que nos han gobernado serían prueba de ello. Pero, como lo documenta el historiador Eduardo Posada Carbó en su libro La Nación soñada, Colombia tiene una tradición de elecciones y movilidad social en el acceso a los cargos públicos que pocos países latinoamericanos puede mostrar.
Si bien los indicadores de centralismo, desigualdad social, violencia y corrupción siguen siendo intolerables, y por ende, nuestra democracia no está aún consolidada, hay factores que apuntan a una mayor participación de la población en las decisiones que le afectan, y en un mayor control a la gestión pública. Somos, en fin, una democracia en construcción.
