La experiencia del crimen de la mayoría de los colombianos aumentó extraordinariamente. No por experiencia directa con el delito, sino por el bombardeo de imágenes y narraciones que nos llegan a través de los medios de comunicación, los discursos de los políticos y los rumores en comunidad. El crimen es omnipresente y su control figurado en discursos políticos trae réditos.
El debate público sobre el delito y su control es generado y dirigido por políticos, no por técnicos. Los debates se estructuran en torno a crímenes aberrantes y no en función de hechos empíricamente constatados, como, por ejemplo, cuál es el verdadero alcance de la participación de los jóvenes en los delitos violentos.
Los políticos alimentan los miedos y la angustia social para promover soluciones simplistas y salvadoras. La lucha contra el delito se convirtió en un eje de corriente populista que aglutina a políticos de todo el espectro ideológico en torno a la lucha contra el mal. Frente a la complejidad de los problemas sociales -el abuso del alcohol y las drogas, la pobreza o la violencia doméstica- y la ineficacia de los programas públicos para enfrentarlos, gobernar a través del crimen paga.
Uno de los grupos poblacionales más explotados en este proceso de gobernar a través del crimen es el de los jóvenes. Son vistos con sospecha, al menos los de los sectores populares. Detrás de cada joven (marginal) se erige un ladrón o asesino en potencia y, por lo tanto, se endurece la respuesta estatal.
El Estado colombiano dio un importante paso en 2006 al adoptar un nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, incorporando una visión algo más moderna de cómo encarar la conflictividad social que existe alrededor de la niñez y la juventud. Sin embargo, su implementación deja mucho que desear y su brazo penal, aunque predica protección, no hace sino ensanchar la frontera punitiva.
A mediados de 2011 y con muy poca discusión sobre su deseabilidad o su impacto, el Congreso aprobó irreflexivamente una serie de normas que endurecieron el régimen penal, en general, y la respuesta punitiva a los comportamientos de los jóvenes. Decidieron que las medidas privativas de libertad se extenderían hasta por ocho años, aún después de cumplida la mayoría de edad. Es decir, optaron por un modelo de encierro que tiene el potencial de mantener presos a los jóvenes hasta sus 26 años.
Hay actos perpetrados por jóvenes que merecen reproche, pero no es claro que la mejor manera de mandar este mensaje sea a través de la prisión, la cual ha demostrado durante siglos que no funciona.
La respuesta simplista de aumentar el cautiverio no atiende los problemas subyacentes a la conflictividad social que afecta a la juventud colombiana. Si seguimos por este camino irreflexivo es posible que, en dos décadas, buena parte de la población juvenil y de jóvenes adultos (de sectores sociales deprimidos) esté tras las rejas, en centros de detención administrados con ánimo de lucro.
No hay duda de que hay jóvenes que participan en complejas empresas criminales, pero este hecho no puede generalizarse para convertir a la juventud (marginal) en el enemigo número uno y volverla objeto del encierro en bodegas humanas durante los primeros años de su adultez. El incremento del encierro de los jóvenes nos pone en marcha acelerada por un sendero moralista hacia la sociedad incivil.
Tenemos que recuperar la racionalidad en este debate. La juventud no puede convertirse en un riesgo que controlamos mediante el crimen como forma de gobierno. La juventud y los riesgos que esta entraña para ciertos sectores sociales deben recibir una respuesta pública que comprenda, como mínimo, programas sociales de prevención del uso de drogas y de alcohol, de salud reproductiva, de educación básica, técnica y profesional, y de inserción laboral.
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