Trabas burocráticas, malos manejos que han llevado a la Fiscalía a abrir 543 investigaciones, abusos por parte de algunas EPS y hasta la denuncia de 1.600 millones de pesos que "están volando" fueron algunos de los reclamos que se escucharon ayer en la Corte Constitucional durante la audiencia en la que el Gobierno rindió cuentas sobre el cumplimiento de la sentencia T-760 que establece los requerimientos básicos en el sector salud.
Durante la rendición de cuentas que el Gobierno debió hacer ante la Corte Constitucional sobre los ajustes que se adelantan en el sistema general de salud, resultaron evidentes las dificultades, las inconsistencias y la corrupción que afectan la prestación del servicio para millones de colombianos.
El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio, cuestionó que las Entidades Prestadoras de Salud consideran que este derecho fundamental es un negocio: "esto se demuestra por las vivencias de la población colombiana que han puesto de presente algunas fallas en la prestación de este servicio".
Palacio manifestó, además, preocupación por los últimos escándalos de corrupción en el sector salud haciendo referencia a la captura en mayo pasado de varios funcionarios del Ministerio de la Protección Social, investigados por la aprobación irregular de recobros a EPS.
"Debe indicarse que el concepto de eficiencia económica en la prestación de servicio de salud, como lo ha sostenido esta corporación (Corte Constitucional) no puede depender exclusivamente de criterios de provecho económico o de simple utilidad", precisó el magistrado.
El viceministro de Hacienda, Bruce MacMaster aseguró que se debe superar el descontrol administrativo que tiene "volando" más de 1.600 millones de los recursos de la salud. "Una cifra alarmante que debe ser atendida y controlada".
Ante esto aseguró que uno de los principales objetivos del Gobierno es recuperar 800 millones de pesos en los próximos dos años y así "regularmente" hasta controlar nuevamente este déficit administrativo.
Por su parte, el superintendente de Salud, Conrado Adolfo Gómez, advirtió que las múltiples trabas burocráticas y el descontrolado manejo de los recursos de la salud son una inmensa fuente para que personas inescrupulosas se roben los recursos del sector.
En su concepto, existen infinidad de deficiencias en la administración de los recursos y en el acceso de los pacientes a medicamentos que, pese a que se encuentran en el Plan Obligatorio de Salud (POS), no son entregados, lo que obliga a los pacientes a recurrir a la acción de tutela.
El ministro de Protección, Mauricio Santamaría, reconoció que existen graves fallas en el acceso de los pacientes al servicio de salud y fallas en la vigilancia y control del mismo lo cual afecta la credibilidad frente a la prestación del servicio. Precisó que después de muchos estudios realizados con ayuda del Ministerio de Hacienda se estableció que con las medidas tomadas se evitó un déficit total de 1,6 billones de pesos.
Esta apreciación fue ratificada por el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien señaló que están en curso 35 investigaciones a EPS por incumplimientos a tutelas, así como las omisiones al Fosyga y otras irregularidades administrativas.
Además se adelantan 128 investigaciones a funcionarios de entidades territoriales por no actualizar la base de datos y omitir vigilancia y control a la prestación de los servicios y entregas de medicamentos.
Por el lado de la Fiscalía, las investigaciones son 543, según el vicefiscal general, Juan Carlos Forero. Además, se adelantan 157 indagaciones más por irregularidades en la administración pública dentro del proceso conocido como el carrusel de la salud.
Las investigaciones más graves tienen que ver con los delitos de peculado por apropiación de recursos de la salud, la celebración indebida de contratos y el enriquecimiento ilícito.
Entre los casos más llamativos denunciados por Forero se encuentran la no atención de los fallos de tutelas, así como las malas entregas de medicamentos, los cuales pese a que en muchas oportunidades son genéricos pero se cobran como de marca. Además se entregan ejecutorias de sentencias 15 días antes de que salgan "lo que llama mucho la atención".
Forero cuestionó el hecho de que "en Colombia los muertos se enferman más" si se tienen en cuenta que personas que fallecieron hace años todavía aparecen en las listas de las EPS y han interpuesto tutelas para que les suministren medicamentos.
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