El Gobierno colombiano reiteró ayer que defenderá a los funcionarios colombianos procesados en Ecuador por el bombardeo a un campamento de las Farc el primero de marzo de 2008, e insistió en que la justicia del vecino país no tiene jurisdicción sobre ellos.
En comunicado de la Cancillería se indicó: "el Gobierno no reconoce la jurisdicción extraterritorial de la justicia ecuatoriana para investigar y juzgar a funcionarios y ex funcionarios colombianos, tal como quedó plasmado en el Comunicado Conjunto emitido el 24 de septiembre de 2009 en Nueva York".
El documento agregó que el Ejecutivo "defenderá con los instrumentos a su alcance a funcionarios y ex funcionarios colombianos frente a circunstancias de esta naturaleza, y reitera que su defensa y protección es una responsabilidad de Estado".
El texto de la Cancillería anotó que "esta decisión de la Corte Provincial de Sucumbíos no contribuye al proceso de normalización de las relaciones diplomáticas que se viene adelantando entre los dos países".
Orden de detención vigente
El comunicado se conoció después de que la Corte provincial de Justicia de Sucumbíos ratificara la orden de captura del ex ministro de Defensa colombiano, luego de que su defensor de oficio no se presentó para sustentar el pedido de revocar esa medida.
La orden iba a ser apelada por la Defensoría Pública que se encarga de defender a Santos, pero según explicó la fuente de la Corte de Sucumbíos, el defensor, Walter Lombeida, no se presentó a la audiencia de apelación.
"La audiencia no se llevó a efecto en razón de que el defensor público, no estaba presente" con lo que la audiencia "se declaró desierta" y la causa se remitirá ahora al juzgado de origen, el Juzgado Primero de lo Penal de Sucumbíos, presidido por el juez Daniel Méndez.
La orden de prisión contra Santos "sigue en firme y queda sin efecto la apelación", añadió la fuente judicial.
La Fiscalía General emitió un comunicado en el que explica que Lombeida pidió a la Corte, mediante un escrito, "que se difiera la audiencia programada para hoy (ayer)" pero que la Corte acogió la propuesta del fiscal, Nelson Guamán, de que se declarara abandonado el recurso.
Los miembros de la sala resolvieron acoger dicha petición, por lo que la orden de prisión preventiva en contra de Santos está en firme.
Desde Bogotá, Santos dijo que aunque lo afecta, no se trata de una situación personal sino de Estado. "Es un precedente inadmisible desde todo punto de vista y ya es hora que se discuta en escenarios internacionales".
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