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El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, hizo parte del grupo de 81 senadores que el 11 de diciembre de 2008 eligió como procurador General de la Nación a Alejandro Ordóñez Maldonado.
El exmagistrado del Consejo de Estado, quien en el proceso de elección se perfiló como un hombre de marcadas tendencias católicas y conservadoras, enfrentaba en su aspiración al excomisionado de paz Camilo Gómez y al abogado Germán Bustillo.
Gómez, postulado por la Corte Suprema de Justicia, recibió el apoyo de un solo senador y ocupó el segundo lugar en la eleccion, Bustillo no obtuvo ningún voto. Entre quienes participaron de la elección, la unanimidad a favor de Ordóñez fue casi absoluta.
Los resultados no fueron una sorpresa, sin embargo, las críticas de algunos sectores de la opinión se enfilaron contra uno de los más destacados legisladores de la izquierda, el senador del Polo Democrático Gustavo Petro quien apoyó la aspiración de Ordóñez luego de que su partido dejara en libertad a sus miembros para esa votación.
Ante las críticas, Petro aseguró que su apoyo a Ordóñez respondía a su interés de enfrentar a las mafias y a los poderes corruptos que coptaban el Estado en diferentes regiones de país. Al ser cuestionado por apoyar en un organismo de control disciplinario a un hombre de tendencias ultraconservadoras, el senador dijo que defendía la pluralidad y que nadie debería ser juzgado por sus convicciones religiosas.
Más adelante, Petro se defendería diciendo que su voto en nada influyó, pues la elección del procurador tenía la mayoría asegurada.
La cuota
En el año 2009, Diego Bravo Borda, uno de los hombres más cercanos a Petro, fue nombrado por Ordóñez como Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado. De esa forma crecieron los argumentos de quienes aseguraban que el voto del senador estaba condicionado por algún botín burocrático.
Bravo renunció a su cargo dos años más tarde y luego de que Petro fuera elegido alcalde de Bogotá, asumió como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital, cargo desde el cual tuvo un papel protagónico en el cambio de modelo de recolección de basuras en la ciudad.
En la mañana de este lunes la Procuraduría anunció la destitución de Diego Bravo y la determinación de inhabilitarlo por doce años para ejercer cargos públicos por faltas disciplinarias en la implementación del nuevo modelo. La misma decisión cobija a Henry Romero en su calidad director general encargado de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá.
Tres horas más tarde se conocería que el alcalde Petro, quien en su condición de senador apoyó la elección de Ordóñez para su primer periodo en la Procuraduría, corrió la misma suerte que Bravo, fue destituido e inhabilitado por un período de 15 años para ejercer cargos públicos por la persona a la que apoyó cinco años atrás.