Con escepticismo y preocupación frente al futuro se recibe el proyecto de Reforma Tributaria radicado por el Ministro de Hacienda ante el Congreso el viernes pasado.
De poco o nada sirvieron las advertencias de la academia, el sector productivo e incluso los medios de comunicación respecto a la inconveniencia de continuar con el impuesto al patrimonio y el 4X1000. Tampoco fueron tenidas en cuenta propuestas alternativas, menos distorsionantes, como la de aumentar el IVA en uno o dos puntos, excluyendo por supuesto los bienes que componen la canasta familiar, o la de aprovechar la oportunidad para llevar a cabo la reforma estructural de la cual tanto se habla que necesita el país.
Lo cierto es que tal como se había anunciado, el proyecto de reforma mantiene el impuesto al patrimonio, ahora impuesto a la riqueza, por cuatro años más y extiende el 4X1000 a siete años, impone adicionalmente una sobretasa temporal de tres puntos al CREE –que pagan las empresas- y busca la cárcel para quienes oculten activos superiores a los $8.000 millones. Cabe anotar que la sustitución del término impuesto al patrimonio por el de impuesto a la riqueza no cambia para nada el impacto negativo que este tributo, llámese como se llame, tiene sobre el ahorro, la inversión y el desarrollo económico del país.
El proyecto de reforma, además, al mantener el impuesto al patrimonio termina yendo en contravía de dos logros muy importantes alcanzados en términos de transparencia tributaria. El primero, el estímulo a registrar el valor real de los activos que generó la reducción de la tasa del impuesto a la ganancia ocasional, de 35 % a 10 % y, el segundo, el estímulo a llevar los activos al valor razonable por parte de las empresas en la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF.
Si bien una reforma tributaria con estas características será siempre mal recibida por su efecto distorsionador, en el momento actual de desaceleración de la economía y del comercio mundial resulta particularmente preocupante.
Cada día son más las publicaciones internacionales que advierten sobre la inminencia de esta desaceleración, producto del menor crecimiento en China, así como del impacto que sobre las economías productoras ya está teniendo la reducción de los precios de las materias primas.
Una y otra recomiendan a los países buscar fuentes alternativas de crecimiento, distintas a las de los productos básicos, para poder sostener las tasas de crecimiento de los años de bonanza de precios, y no retroceder en los logros alcanzados, sobre todo en materia de reducción de la pobreza. Esto solo se logra con inversión.
Hasta ahora, Colombia ha sido afortunada en la medida que ha logrado mantener tasas de inversión cercanas al 30 % del PIB, que se han traducido a su vez en tasas de crecimiento relativamente superiores a las de otras economías similares.
Pero, no hay que equivocarse. El contexto mundial cambió, los flujos de capital se están revirtiendo y, definitivamente, Colombia no es ajena a lo que pasa en el resto del mundo. Insistir, bajo las condiciones actuales, en mantener un sistema tributario anticompetitivo, que grava la fuente de la riqueza como en casi ningún otro país, es a todas luces inconveniente. La inversión se atrae, no se ahuyenta.
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