De los 10.000 estudios de riesgo que proyecta realizar la Unidad de Protección del Ministerio del Interior este año, de los cuales ya ha hecho 6.000, por lo menos la mitad salen negativos. Es decir, al año hay 5.000 personas que solicitan protección sin estar amenazadas.
La denuncia la hizo días atrás el presidente Juan Manuel Santos, quien indicó que al revisar los esquemas de seguridad de muchos de los beneficiarios del programa encontraron que no estaban amenazados.
“Hay muchos colombianos que dicen que están amenazados de muerte para que les den un carro y algunas prebendas. Cuando se les quita esa protección ponen el grito en el cielo”, les dijo el presidente Santos a los concejales del país, en uno de sus encuentros en julio.
Para Andrés Villamizar, director de la Unidad de Protección, el tema no está desbordado y lo que buscan es que las personas antes de solicitar protección evalúen si realmente la necesitan para que la Unidad pueda cumplirles a los que realmente sí tienen amenazas.
Pero, ¿de dónde salen las 5.000 solicitudes de protección que resultan negativas?
Villamizar explicó que hay muchas razones, entre esas, el miedo. “Hay personas que se asustan porque les llega un anónimo y eso no quiere decir que se estén inventando las cosas, sino que les llega algo raro y luego se verifica y no es nada”.
El otro caso, sostuvo Villamizar, es el grave: “Hay personas que se inventan las amenazas. Eso nos hace perder tiempo y dinero. Cada estudio de riesgo cuesta entre 3 y 4 millones de pesos. En el año se invierten entre 15 y 20 mil millones de pesos en estudios de riesgo. Cada peso que gastamos en quien no lo necesita es un peso que le estamos quitando a quien sí lo necesita”, resaltó Villamizar.
En sentido, explicó que el otro dolor de cabeza aparece cuando revisan los esquemas de seguridad de aquellos mandatarios o funcionarios que ya tienen un año con protección y al verificar que su nivel de riesgo ya es ordinario, se enojan cuando les retiran los carros y la escolta.
“Hay personas que les gusta tener escolta. Es cómodo tener carro a cuenta del Estado. Lo lógico es que se pusieran contentos cuando el nivel de riesgo baja y dijeran qué bueno. Unos lo toman así, pero otros insisten en que sí están amenazados y quieren seguir con el carro”, puntualizó Villamizar.
Los estudios se demoran
Hernando Quevedo, presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de Colombia, Confenacol, advirtió que hay una cantidad de solicitudes que no han tenido eco en el Ministerio del Interior y no deben subestimarse si se trata de amenazas.
“La gran mayoría de nosotros consideramos que las amenazas son ciertas y a quien le corresponden definir qué tan grave son, es al Ministerio. Nuestra preocupación se debe a que los estudios de riesgo son muy demorados”, dijo Quevedo.
Sostuvo, además, que en los últimos seis meses se han venido incrementando las amenazas a concejales y que hay cerca de mil corporados con protección.
Por su parte, Gilberto Toro, director ejecutivo de Fedemunicipios, indicó que en ningún momento ponen en duda la credibilidad de las denuncias de los alcaldes.
“Hay un valor fundamental que es la vida con la cual no se puede ser negligente. La tarea es ponerle toda la atención a las amenazas, evaluarlas y otorgar las medidas pertinentes y oportunas”, dijo Toro. Destacó que las medidas de seguridad son una inversión que hace el Estado y se le deben otorgar a quienes sí las necesitan. Según Fedemunicipios, en la actualidad hay cerca de 200 alcaldes que han reportado algún tipo de amenaza.
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