Como víctimas del desarraigo, en algunas comunas de Medellín y de otros municipios del Valle de Aburrá, la dignidad de los habitantes, sus bienes, sus sueños, y hasta la vida misma, les está siendo arrebatada por bandas de delincuentes. Su drama parece invisible, pues no ha recibido el reconocimiento de las autoridades, que niegan la existencia del desplazamiento interno urbano como un fenómeno social que merece un tratamiento prioritario por parte de las administraciones locales.
El desplazamiento forzado es aberrante, no solo por la forma como están procediendo los actores armados ilegales, sino porque se está convirtiendo rápidamente en un drama humanitario, según lo califica la Personería de Medellín. Es otro de los frutos del conflicto que se vive en algunos barrios, por la pugna entre combos que quieren hacerse a un dominio territorial y social con el fin de obtener las mayores ganancias de las actividades ilícitas, como el cobro de extorsiones y el microtráfico de drogas.
Los delincuentes también están sacando provecho de las viviendas abandonadas con todo lo que tienen adentro. Para no perder la vida, las personas tienen que huir con lo que llevan puesto. Solo los acompaña el temor y el llanto al dejar incluso su vivienda propia, para irse a pagar arriendo en otro barrio.
En Medellín, la ciudad colombiana más afectada por este fenómeno, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería Municipal recibió declaraciones de 2.336 personas (615 familias), que denunciaron ser víctimas de desarraigo en el primer semestre del año. Tres veces más que en 2009. Y en 2010 fueron desplazadas 4.375 personas (1.197 familias).
Una situación preocupante, en cuanto al incremento en el número de casos, se está viviendo en Itagüí. Esta semana, varias familias del Barrio Calatrava se vieron forzadas a migrar, ante la pugna de combos armados. La forma en que abandonan sus viviendas es un cuadro repetido en la retina de quienes han visto salir las familias de otros barrios, cuando cargan al hombro algún bien y la impotencia por abandonar lo que tanto trabajo les costó conseguir.
Su drama es común: están cansados de que pasen tantas cosas en su barrio, sin que pase nada. No tienen para dónde irse, pero tienen que salir para evitar la vinculación o reclutamiento de sus hijos al combo que los amenaza. Otros huyen por haber sido testigos o víctimas de algún delito, o porque sus hijas han sido sometidas al abuso sexual de algún integrante del combo. A veces la orden es perentoria: o se van o se mueren.
La seguridad que les brinda la Fuerza de Control Urbano (Fucur) no parece ser suficiente para brindarles garantías a los habitantes ante estas amenazas directas, ni tampoco los golpes contundentes que la misma Policía ha propinado a estas bandas, con la captura de importantes cabecillas, como lo han registrado los medios de comunicación en los últimos meses.
Pese a que la Fuerza Pública no baja la guardia ante los grupos que siembran el temor en los barrios, la proliferación de delincuentes y prácticas abusivas contra la población hacen pensar en la necesidad de implementar acciones, no sólo reactivas, con un apoyo institucional muy fuerte por parte de las autoridades civiles. Hay que admitir que el desplazamiento intraurbano es un fenómeno creciente en algunos barrios, que tiene que ser visibilizado por la sociedad, promover campañas que estimulen la denuncia y formular programas que unan los esfuerzos de todos los organismos del Estado para remediar este drama.
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