El Presidente Juan Manuel Santos no ha ahorrado esfuerzos para sacar adelante el proyecto de la Ley de Víctimas. Y ha hecho bien.
La importancia del tema requiere que se trate como si fuera casi el único proceso en el Congreso, con el fin de sacarlo adelante.
Es esencial para el país, para la sociedad, para el Gobierno, para las víctimas y para la construcción de un presente y futuro con reconciliación, aprobar este proyecto para pasar a un nuevo capítulo de la historia colombiana.
Bloquear la ley, como lo han intentado varios grupos argumentando su inviabilidad financiera y el costo fiscal, haría imposible la necesidad de superar este conflicto armado, por dejar abierta la puerta de que un porcentaje de los cuatro millones de víctimas de estratos bajos, sin una reparación del Estado, engrosen los cinturones de violencia para hacerse defender.
Es claro que con la aprobación de este marco legal no se acaban los violentos ni la violencia, pero por lo menos se les da un estatus diferente a las víctimas, en el que se les trata como tal, y no como otros victimarios. De ahí la importancia de que los abusos perpetrados por las fuerzas estatales sean también considerados violencia que se debe reparar.
El solo debate de este tema ha generado un mayor apoyo hacia las víctimas, y con esto el Gobierno ha podido probar el ambiente menos polarizado que prometió con el concepto de la Unidad Nacional.
Ahora bien, en preparación para este debate en el Senado en el mes de marzo, el proyecto debería ampliar el año de referencia a principios de los ochenta -por lo menos-, y no 1991 como está ahora, para incluir las víctimas que hacían parte de la Unión Patriótica y de las terribles masacres de Segovia y Trujillo. Si bien es claro que se necesita de una fecha de inicio para empezar a reparar, ésta debe permitir la reconciliación con el Estado desde los inicios de la guerra entre las Farc, el Eln y los paramilitares.
El otro cambio que se necesita incluir en esta ley es el de la reparación de las víctimas de parejas del mismo sexo. Sería un error imperdonable desconocer a miembros de la sociedad que han sido duramente perseguidos por el conflicto armado, por ser homosexuales. Reparar significa acoger, no discriminar.
Por eso es clave que haya igualdad al momento de pagar las reparaciones, y no se tenga en cuenta nada más que el daño para evaluar su compensación. El hecho de que sea de bajo o alto estrato no debe cambiar en nada la forma y el procedimiento con que se repara, ya que todos los afectados necesitan un resarcimiento, por ser víctimas de la violencia.
No es reto pequeño el del presidente Santos.
Pero dejar de hacerlo es deslegitimar el concepto y la función de la democracia, que consagra la protección del Estado a sus ciudadanos, y la igualdad de estos ante la ley.
Aprobar la Ley de Víctimas sin una igualdad real en cuanto a estrato social y orientación sexual, haría que tal concepto de la democracia sea un recurso retórico, nada más.
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