Detención preventiva intramural y responsabilidad fiscal es lo que van a enfrentar los 22 acusados por el caso de Agro Ingreso Seguro.
El anuncio realizado ayer por la Fiscal General de la Nación, Vivianne Morales, en el cual solicitó audiencia para imputar cargos a exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y miembros de las familias Dávila y Vives Lacouture, es el comienzo del destape de un escándalo que al parecer, opacará casos tan sonados actualmente como el de los Nule y el "carrusel de la contratación" en Bogotá.
La Fiscal consideró que estas personas (gráfico), "recibieron en total beneficios de AIS por valor de $2.212.501.213, presumiblemente sin cumplir los requisitos para ello".
En cuanto a las familias involucradas destacó que "recibieron en total beneficios del programa Agro Ingreso Seguro por valor de $4.532.696.800".
Para el abogado penalista, Óscar Sierra, es importante tener en cuenta que esta audiencia de imputación de cargos viene acompañada por medidas de aseguramiento y lo que se discutirá será si se justifica o no la restricción de la libertad.
"La Contraloría ya tiene avanzadas las acciones fiscales por el hecho de ser servidores públicos", dijo el experto quien argumentó que el fiscal en estos casos es quien propone los cargos y el juez de garantías decide finalmente.
Este proceso podría durar hasta tres años, sin embargo, Sierra dijo que el hecho de tener un encarcelamiento, se disminuyen los periodos a 18, 20 o 24 meses.
Se debe tener en cuenta, que el mismo día de la audiencia, a quienes se ordene la medida de aseguramiento, saldrán directamente a sus lugares de reclusión, que se definirán dependiendo de las características propias de cada uno.
El fiscal decidirá si la audiencia se realiza en conjunto para los 22 involucrados o si la segmenta, dependiendo del grado de culpabilidad.
En cuanto a la expectativa que se generó respecto con la familia Lacouture, fuentes allegadas a Proexport manifestaron que la presidenta de la entidad no tiene relación directa con los involucrados.
El experto jurista, Eduardo Vásquez, manifestó que en estos casos la responsabilidad penal es personal y no afecta a familiares, siempre y cuando se establezca que no tienen relación con las investigaciones en mención.
Vásquez agregó, que ni siquiera puede presentarse un impedimento de carácter ético al no tener relación con el caso y recordó el proceso Valencia Cossio.
Según el abogado Julio José Orozco, el hecho de que no se haya involucrado al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, se refiere a que los ministros y exviceministros son investigados en única instancia ante la Corte Suprema de Justicia. "Se trata de una reserva constitucional de la que gozan ciertos funcionarios, para que en caso de ser investigados, lo sean por funcionarios de su misma jerarquía y bajo garantías y procedimientos especiales", dijo el jurista.
La primera audiencia se realizará el próximo 5 de abril ante un juez de control de garantías y será contra los siete exfuncionarios el Ministerio de Agricultura. En los próximos días se establecerá la fecha para la diligencia judicial en contra de los beneficiarios.
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