Una comisión del Congreso de Perú aceptó el miércoles derogar dos leyes que motivaron por diez días la protesta y movilización de miles de indígenas de la Amazonía peruana.
La decisión, que aún debe ser ratificada por el pleno del Legislativo, fue acordada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que el miércoles recibió a ministros de Estado y representantes de los nativos.
La votación del tema contó con seis a favor, dos abstenciones y uno en contra, después de una reunión de más de cinco horas.
El parlamentario Luis Galarreta, de la alianza Unidad Nacional, afirmó que la decisión se adoptó porque el Ejecutivo "se excedió en las facultades legislativas otorgadas" por el Congreso.
Rechazó, además, que se haya tomado "con una pistola en la cabeza", como señaló el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.
"Se debe hacer todo mediante el diálogo, no imponiendo; Del Castillo se equivoca, porque el Congreso no ha tomado la decisión por una presión, sino que es una decisión meditada", aseguró el legislador a la cadena local América Televisión.
La comisión legislativa, que preside el congresista opositor Róger Nájar, recibió el miércoles a Del Castillo, y a los ministros de Justicia, Rosario Fernández; de Agricultura, Ismael Benavides; y del Ambiente, Antonio Brack.
También a los representantes de las comunidades nativas, encabezados por Alberto Pizango, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)
Los ministros detallaron los problemas generados por el paro de los nativos en la selva, que llevaron a la declaración del Estado de emergencia en cuatro provincias.
Del Castillo afirmó que el Gobierno es "respetuoso" de las comunidades nativas y aseguró que los decretos no afectan sus posesiones ni propiedades.
Añadió, además, que la policía logró reabrir algunas vías de comunicación bloqueadas y que se evitó que se tomen fuentes de energía que hubieran creado serios problemas de energía eléctrica en varias ciudades.
El ministro reiteró su opinión de que las manifestaciones han formado parte de "un complot en contra de la seguridad nacional".
Pizango ratificó, a su turno, que los decretos legislativos afectarán la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades y solicitó que se conforme una comisión para que estudie la derogatoria de las leyes.
Primer paso para inicio de diálogo
En el posterior debate, diez parlamentarios opositores pidieron la derogatoria de los decretos y la formación de una comisión que viaje a la zona para evitar cualquier agresión a los comuneros.
Después de conocerse la decisión, el presidente del Congreso, el oficialista Javier Velásquez Quesquén, se reunió en privado con Pizango.
Al término de la cita, Pizango reconoció que el Congreso "está interponiendo sus buenos oficios" para solucionar sus reclamos.
"Este es el inicio del diálogo, mañana continuaremos, pero quiero agradecer a la comisión (legislativa) por dar el voto aprobatorio de que se deroguen" las leyes, declaró.
Velásquez Quesquén señaló, por su parte, que el Congreso "puede intermediar para solucionar este problema" y dijo que percibió "buena voluntad" en los líderes indígenas.
"Les hemos dicho que no podemos ir a una intermediación cuando hay una medida de fuerza, ellos tienen la mejor voluntad de hacer las consultas en las próximas horas, y nosotros tenemos que ver que este tema pueda ser rápidamente llevado y discutida en el pleno", aseguró.
Alrededor de 65 etnias de la selva peruana están en huelga desde hace diez díaz para pedir la derogatoria de las leyes que, en su opinión, atentan contra su derecho a la propiedad de sus tierras, ricas en recursos energéticos como en flora y fauna.
Las protestas se producen en momentos en que el Gobierno manifestó su interés en incrementar las reservas de gas y petróleo para hacer frente a una eventual crisis energética y convertirse en el nuevo proveedor de Suramérica.
