El Departamento del Tesoro de EE. UU. aplicó sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes mediante la Ley Global Magnitsky este 30 de julio.
Estas medidas incluyen el congelamiento de activos en EE. UU. y la prohibición de transacciones con ciudadanos americanos, citando “censura, detenciones arbitrarias y procesamientos con motivación política”
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Previamente, el senador y secretario de Estado Marco Rubio había revocado su visa y la de otros magistrados brasileños, justificando una “campaña de censura y persecución política” contra opositores como el expresidente Jair Bolsonaro.
La respuesta de Petro
El presidente Petro señaló que estas sanciones representan una ruptura unilateral del compromiso con la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita por Colombia, EE. UU. y la mayoría de países del continente.
Argumentó que imponer sanciones económicas a un juez del poder judicial de otro país contraviene los principios del sistema interamericano.
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Además, en la misma publicación, Petro invitó a los mejores juristas de América Latina a redactar una demanda formal ante organismos internacionales que defienda la Convención y rechace la intervención unilateral de EE. UU.:“¿Quiere el gobierno de EE. UU. romperla unilateralmente?”
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