La defensa del senador pidió medidas cautelares urgentes y calificó el ataque como un acto de terrorismo contra la oposición. Según su denuncia, el Ejecutivo estaría intentando desviar las investigaciones. ¿Qué pasará?
Durante una reunión sostenida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado Víctor Mosquera, representante del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, denunció una presunta “injerencia indebida” del Gobierno nacional en la investigación del atentado perpetrado contra el congresista.
Según Mosquera, el Ejecutivo —encabezado por el presidente Gustavo Petro— habría intervenido en el proceso investigativo “mediante la divulgación de información no corroborada” y la “señalización de presuntos responsables sin pruebas concluyentes”.
Esta situación, advirtió el jurista, ha comprometido la objetividad de la investigación y fomentado la estigmatización contra sectores de la oposición.
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“Desde el día uno de este horrible atentado, el Gobierno nacional no ha respetado la independencia de los fiscales”, señaló Mosquera, al acusar al Ejecutivo de realizar “investigaciones paralelas” e influir sobre el curso del caso, lo que, a su juicio, corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.
Durante la sesión ante la CIDH, el abogado presentó tres informes documentales que, según explicó, evidencian “discursos de odio y campañas de estigmatización provenientes de altos funcionarios del Gobierno” dirigidas no solo contra Uribe Turbay, sino contra otros líderes políticos del partido Centro Democrático.
Mosquera también denunció que desde instancias del Gobierno se ha intentado desviar la investigación, al dirigir la atención pública hacia organizaciones criminales “sin bases procesales claras”, lo cual, según dijo, podría tener como objetivo “cerrar o direccionar” el caso de forma prematura.
“Necesitamos llegar hasta los determinadores y esto no puede desarrollarse solamente con señalamientos sin pruebas,” afirmó.
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En la misma intervención, el abogado solicitó a la CIDH medidas cautelares urgentes en favor de Miguel Uribe y su núcleo familiar, así como medidas colectivas para los miembros del Centro Democrático de cara al proceso electoral de 2026.
Aseguró que el atentado no fue un hecho aislado, sino un intento por generar “pánico en la población civil” y “amedrentar a la oposición en un año preelectoral”.
Por ello, pidió que el ataque sea procesado como un acto de terrorismo y no únicamente bajo los cargos actuales de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas: “Calificarlo como terrorismo es fundamental para dimensionar la gravedad del hecho y aplicar las sanciones más severas contempladas en la ley”.
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El jurista también reveló que la Unidad Nacional de Protección (UNP) habría ignorado 51 solicitudes de refuerzo en la seguridad de Uribe Turbay, pese a su condición de líder de oposición y precandidato presidencial.
“El error fue de la UNP, que desatendió las solicitudes de protección (...) dejándolo expuesto en un contexto de amenazas crecientes”, aseveró.
Mosquera indicó que la decisión de la CIDH sobre las medidas cautelares podría conocerse en un plazo de aproximadamente 15 días.
Además, confirmó que el Departamento de Estado de EE. UU. ha sido informado sobre los hechos, incluyendo los discursos oficiales que, a su juicio, constituyen una forma de estigmatización contra la oposición política en Colombia.
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