El segundo mes del año comienza con hechos en el campo militar que convocan la atención de la opinión pública. Pensando en ellos, vino a mi memoria lo sucedido hace treinta años, cuando el mando de la época hizo públicas sus discrepancias sobre las decisiones del gobierno del presidente Belisario Betancur, respecto a ley de amnistía e indulto a los subversivos (FARC, M19, ELN, EPL y ADO) y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.
El Ministro de Defensa de ese entonces, general Landazábal Reyes, había expresado en una entrevista que "… el país se acostumbraría a escuchar a sus generales". Esas declaraciones motivaron a otros generales a hacer manifestaciones en público que deterioraron las relaciones entre el Presidente y la institución castrense. El desenlace fue el reemplazo del Ministro por el segundo en la línea de mando y el retiro de otros generales. Las equivocaciones pudieron ser más de forma que de fondo.
Mi opinión, tanto como oficial en actividad y ahora en retiro, es que la sociedad tiene el derecho de conocer el pensamiento militar y los militares la obligación de informarla sobre aspectos claramente definidos dentro de los márgenes de sus competencias y responsabilidades. Esta obligación es aún más evidente cuando el país está ad portas de decisiones de amplio espectro sobre el conflicto bélico que por décadas lo ha azotado.
En ese orden de ideas, leo con agrado las declaraciones recientes que los generales Leonardo Barrero y Juan Pablo Rodríguez, Comandante General de las Fuerzas Militares y del Ejército respectivamente, dieron a "El Colombiano" y a otros importantes medios de comunicación. En ellas se muestran como líderes que con un lenguaje sencillo y directo demuestran lealtad institucional, conocimiento de las realidades del país, compromiso con la sociedad y coherencia con las políticas del Gobierno Nacional.
El otro hecho de impacto reciente, esta vez bastante desafortunado, es el de las interceptaciones telefónicas por miembros del Ejército. Muy seguramente la opinión pública nacional está interesada en conocer las motivaciones de tales hechos y sus consecuencias previsibles. Mi concepto es que pueden ser actitudes explicables, aunque no justificables.
La búsqueda de información confidencial ha existido desde la génesis de la civilización humana. Los intereses contrapuestos llevan a la búsqueda de información sobre la competencia que proporcione ventajas y bases sólidas para decisiones en beneficio de sus intereses y en detrimento de los del adversario. Ello es común en las relaciones interpersonales, en el ámbito de las empresas, en los círculos políticos y en las relaciones entre Estados. Las estructuras de seguridad y defensa tienen para tales fines organizaciones que en el léxico castrense se denominan "Inteligencia militar".
La inteligencia militar es información que ha sido procesada a la luz del análisis sobre fuentes y agentes que permiten clasificar sus niveles de veracidad, confiabilidad, pertinencia e impacto sobre los fines que se buscan. Esto es realidad no solo en Colombia sino en el mundo entero, pues se considera consustancial con la seguridad del Estado.
El problema surge cuando decisiones erróneas equivocan el "enemigo", o cuando dichas decisiones se toman sin autorización de los niveles competentes o cuando el fin que se persigue no obedece al bien nacional, sino a intereses grupales.
Debemos, entonces, esperar con atención el resultado de las investigaciones ordenadas sobre la "Operación Andrómeda" para luego evaluarlas dentro de las circunstancias y el contexto. En cualquier caso, será conveniente seguir conociendo la opinión del mando militar.
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