Apunto de cumplirse 25 años de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, es imposible borrar de la memoria uno de los hechos más trágicos de la vida de la Nación: el Holocausto de la Corte Suprema, en el que perdió la vida un centenar de personas, entre ellas once Honorables Magistrados.
Es preciso recordar, en especial a los jóvenes a quienes no les tocó vivir estos sucesos, que la verdadera razón del M-19 para realizar la toma fue la de suspender la extradición. No la de adelantar un juicio político contra el Presidente Belisario Betancur, por el fracaso de la negociación con el frente Iván Marino Ospina, como hábilmente dijeron. Ahora se pretende vincular injustamente al ex Primer Mandatario a un proceso, así como a la cadena de mando de las Fuerzas Armadas de la época, con la consiguiente desmotivación de la Fuerza Pública y peligro para la estabilidad institucional.
La anterior afirmación no es gratuita. Tiene su sustento en que ese fatídico 6 de noviembre, la Sala Penal de la Corte Suprema se reunía para decidir sobre la constitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición. La Comisión de la Verdad, creada en noviembre de 2005 por la Alta Corporación, afirmó que el M-19 tuvo conexión con el llamado cartel de Medellín, ya que éste le pagó dos millones de dólares por la toma del Palacio. Esta alianza macabra entre el grupo guerrillero y el narcotráfico, por desgracia, logró su objetivo: acabar con los procesos contra los que se hacían llamar los extraditables, y asesinar a ciudadanos de distinta procedencia y a valiosos integrantes del máximo órgano judicial del país.
Ante la violenta toma guerrillera del Palacio de Justicia vino entonces la retoma por parte de la institucionalidad. Respuesta más que legítima del Estado, como corresponde hacerlo en aras de la defensa de la democracia. No obstante, algunos familiares de las víctimas del Holocausto creen que el Ejército y la Policía reaccionaron en forma desproporcionada, lo que originó demandas contra varios oficiales.
Es el caso del proceso seguido contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión por una juez penal, quien lo halló culpable del delito de desaparición forzada agravada, por la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio.
La condena será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, por cuanto el abogado del acusado la considera injusta y contraria a derecho, dado que la sentencia se basó en un testigo clonado. Recordamos que la Procuraduría General también apelará. Lamentamos profundamente esta sanción y esperamos que el Tribunal interprete a cabalidad que el Coronel Plazas lo que hizo fue cumplir con su obligación constitucional, como comandante de la Escuela de Caballería, en el momento de los deplorables hechos.
Lo cierto es que si se dictan medidas en las que no se hacen adecuadas valoraciones de las pruebas, los tribunales se equivocan en materia grave, con el consecuente daño para la gobernabilidad de Colombia. Compartimos el pensamiento del Presidente Álvaro Uribe de que la justicia está construyendo un panorama de inseguridad jurídica, que atenta contra el orden público.
Si lo que se pretende es conocer la verdad sobre el Holocausto, es preciso que la toma del Palacio también sea analizada bajo la normatividad de los delitos de lesa humanidad. No debe olvidarse la generosidad del país para otorgarle el indulto al grupo guerrillero, lo que permitió que varios de sus integrantes participaran de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y ejercieran cargos públicos desde su reinserción a la vida civil.
¿Por qué ahora se quieren satanizar los actos realizados por el Estado en defensa de la institucionalidad y de la mayor instancia judicial del país. ¿No fue la toma del Palacio una arremetida frontal del M-19 contra el corazón de la Justicia?
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