El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que revocó una sentencia absolutoria y ordenó reabrir el juicio contra dos hermanos acusados por la Fiscalía como presuntos autores intelectuales del asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo, abre una ventana para buscar justicia en casos juzgados donde hay visos de impunidad.
Así lo consideran abogados y defensores de derechos humanos, quienes piensan que la decisión del alto tribunal también demuestra que la justicia en Colombia está hoy supeditada a cumplir con los estándares internacionales en asuntos humanitarios.
"Al ordenar llamar nuevamente a juicio a las personas señaladas de este homicidio se cumple una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado por no proteger al defensor y consideró que en su caso no se administró justicia ni hubo adecuada investigación y análisis de pruebas aportadas al proceso", aseguró David Medina, abogado del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos.
Este colectivo representa a la familia de Valle Jaramillo ante la justicia colombiana y tribunales internacionales en los procesos penales por el homicidio.
Según Medina, el fallo de la CSJ puede crear jurisprudencia para otros casos de crímenes contra defensores humanos en los que hay impunidad porque no hubo acciones efectivas de parte del Estado para esclarecerlos.
El abogado también considera que el llamado a juicio de los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Ángulo Osorio, a quienes la Fiscalía señala de nexos con las autodefensas, "es trascendental porque no solo busca justicia sino que es una oportunidad para conocer verdades del paramilitarismo y sus vínculos con agentes del Estado y sectores sociales".
Por su parte, Jorge Eliécer Ceballos, expersonero delegado para los derechos humanos, aseguró que reabrir el proceso judicial es una "lección positiva para el país, porque queda claro que si nuestra justicia no actúa con efectividad, los tribunales internacionales pueden intervenir para hacer valer los compromisos de Colombia de respeto a los derechos humanos".
Consideró que Jesús María Valle pagó con su vida su denuncia contundente de la connivencia de un sector de las Fuerzas Militares con el paramilitarismo en Antioquia. "Lo que pasaba en regiones como el norte del departamento y en Ituango por los nexos entre autoridades y grupos paramilitares en esa época era tan evidente como vergonzoso", dijo Ceballos.
Y recordó, además, que 10 años después del asesinato, las confesiones de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, sobre crímenes perpetrados por las autodefensas con ayuda u omisión de autoridades, "confirmaron que las denuncias de este defensor asesinado eran ciertas".
Llamado a juicio
El pasado lunes, la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Medellín en 2001 a favor del excomandante paramilitar Carlos Castaño Gil y los hacendados de Ituango, Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio.
La decisión de reanudar el juicio fue una respuesta a la acción de revisión solicitada en 2008 por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, con base en la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano.
La Fiscalía argumenta que "hubo incumplimiento del Estado para adelantar una investigación seria e imparcial" y que la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Medellín "censura" el testimonio de un testigo del homicidio por su simple militancia en la izquierda y que desconoce las denuncias de Valle Jaramillo sobre connivencia de militares con las masacres de las Auc en El Aro y Las Granjas, en 1997.
El fallo de la CSJ reseña que, según la Fiscalía, "las investigaciones ubican a los hermanos Angulo Osorio como los verdaderos responsables de llevar al municipio de Ituango a las autodefensas en 1996".
Además, el organismo investigador los vincula con el extinto jefe de las Auc, Carlos Castaño y alega tener pruebas de que a su llegada al municipio los paramilitares fueron hospedados en sus fincas.
Uno de los testimonios que implican a los acusados y que serán incluidos en el juicio es el de Isaías Montes Hernández, alias "Júnior", jefe paramilitar en Ituango.
Como postulado en Justicia y Paz declaró que el asesinato del defensor de derechos humanos fue perpetrado por órdenes de Carlos Castaño, producto de la alianza entre paramilitares y miembros del Ejército.
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