Como si fuera un fantasma, el 7 de enero de 2000, Hernando Cardona Higuita se presentó en la Notaría de Carepa y estampó su firma en la escritura de venta de una de sus fincas. Nadie en esa oficina verificó la identidad para descubrir que el finquero había sido asesinado dos años antes para despojarlo de sus tierras.
Un mes después, el difunto o su "espectro" apareció en la misma Notaría para firmar la compraventa de otra finca. De nuevo, nadie advirtió el fraude ni la suplantación y la falsificación de otra firma, la de Conrado Higuita, hermano del finquero asesinado y copropietario de los predios.
Con estos títulos falsos los paramilitares que mataron a Hernando y desplazaron a su familia se apoderaron de las fincas Casa Mía, El Roble y Alto de los Almendros, en la vereda Los Cedros, de Mutatá.
Fueron los parientes de la víctima quienes descubrieron la venta fraudulenta, recuerda Conrado. "Cuando íbamos a arreglar la sucesión nos dimos cuenta de que las tierras, de mi hermano muerto y yo, ya no eran nuestras".
La historia del despojo a sangre y fuego de las tierras de dos familias comenzó en 1997, época en que las autodefensas irrumpieron en veredas y corregimientos de Urabá. "Fue cuando empezaron los homicidios, las masacres, las amenazas para que la gente vendiera sus tierras", relata un hijo del finquero asesinado.
Mientras arreciaba la violencia paramilitar, Hernando Cardona se resistía a abandonar las fincas dedicadas a la ganadería y la agricultura, fruto de años de trabajo y sacrificio. En 1997 dejó su propiedad y viajó a Medellín en espera de que cesara la racha violenta en Urabá.
Pero la ciudad de cemento no lo hacía feliz y añoraba la vida del campo, según cuenta Conrado. "Mi hermano amaba esas fincas, quería hacer una de descanso para la familia. No quería vender. Por eso en noviembre de 1997 lo secuestraron varios días para amedrentarlo. Le dijeron que tenía un ángel en el cielo, porque la orden era matarlo".
Hernando se fue por 20 días, pero quiso regresar. No lo dejaron ni llegar a su finca. El 25 de diciembre de ese año, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se dirigía de Dabeiba a Mutatá. Lo mataron a tiros. Tenía 52 años.
Cinco semanas después, su familia abandonó las fincas por las amenazas. La casas fueron saqueadas, se perdieron los cultivos y el ganado se lo robaron. El despojo también afectó a otra familia. Leoncio Úsuga, copropietario de una finca, fue amenazado para que vendiera su parte. Fue una venta forzada.
Tres años después, cuando la firma del difunto Hernando Cardona Higuita apareció en la venta de sus tierras, se descubrió que las propiedades aparecían a nombre del empresario Jaime de Jesús López Echeverri. Los predios hacían parte de una extensión de miles de hectáreas de la empresa Palmas y Ganado S. A. (Palmagán), de la que López es socio.
A pesar del asesinato y las amenazas, la familia Cardona Higuita nunca renunció a sus propiedades. Buscaron a jefes paramilitares en Urabá para pedirles que se las devolvieran, pero no consiguieron nada. También denunciaron el despojo y, por complicidad, a los notarios de Carepa y de Chigorodó. Tampoco encontraron respuestas de las autoridades de la época en esa región.
Trabas prolongaron despojo
Una luz de esperanza apareció cuando acudieron al proceso de Justicia y Paz. Ante el evidente caso de despojo mediante títulos fraudulentos, la Fiscalía 17 de Justicia y Paz y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) solicitaron la cancelación de las escrituras.
Lo que se presentaba como un trámite administrativo fácil y rápido contemplado por la ley penal, se convirtió en un caso agotador, eterno y lleno de trabas legales para las víctimas. Y en frustración para la fiscal del caso, que no podía restituir las tierras a los desplazados.
En julio de 2010, tras varios aplazamientos de las audiencias por tecnicismos como la ausencia del jefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, un magistrado de Justicia y Paz Álvaro Cerón, se negó a cancelar los títulos falsos al declararse "incompetente".
La Fiscalía apeló y el 30 de marzo de este año la Corte Suprema de Justicia resolvió que los magistrados de Justicia y Paz sí tienen esa competencia para cancelar títulos falsos obtenidos por miembros de grupos ilegales.
Según la sentencia, "la justicia transicional no puede ser indiferente a la tragedia humanitaria de millones de desplazados, invisibles de cuenta de la técnica y la inflexibilidad jurídica (...) Y la forma en que la administración de justicia se puede vincular con la superación o la mitigación de este drama, es facilitando la restitución de tierras en la fase temprana del proceso".
Tuvieron que pasar 14 largos años para que se hiciera justicia. El pasado miércoles, el magistrado de Justicia y Paz, Olimpo Castaño, ordenó la cancelación de las tres escrituras públicas fraudulentas. "Fue un rotundo fraude procesal", señaló el magistrado en el Palacio de Justicia.
"Después de tantas trabas creímos que no habría justicia, que para nosotros se demoró 14 años. Sentimos alivio, fue mucho el sufrimiento por el asesinato de nuestro padre y la pérdida de esas tierras por las que él tanto trabajó", dijo uno de sus hijos al final de la audiencia.
Paramilitarismo en la mira
Este caso ya se considera "histórico" porque despeja una vía jurídica para la restitución de tierras usurpadas con títulos falsos, pero además tiene implicaciones para las investigaciones del paramilitarismo en Colombia.
Con base en la sentencia de la Corte, el magistrado ordenó investigar al notario único de Carepa para la época del despojo, Luis Carlos Legarda Ruiz, a los fiscales en Urabá de la época, por presunta connivencia con grupos de autodefensa, y al empresario Jaime de Jesús López Echeverri, señalado como presunto testaferro de jefes paramilitares.
Para la fiscal 17 de Justicia y Paz, Nubia Chávez, estos fallos facultan a los tribunales y fiscales de Justicia y Paz para ordenar investigar a funcionarios y terceros que permitieron el accionar de guerrillas y autodefensas.
"Hasta ahora ordenábamos investigar a otros postulados (desmovilizados) comprometidos en delitos, pero ahora podremos hacerlo con notarios, miembros de la Fuerza Pública, políticos, jueces, fiscales y todas las terceras personas que fueron cómplices por acción u omisión".
Esto significa que muchos exfuncionarios públicos, incluso ya pensionados, podrían empezar a desfilar por los estrados judiciales en casos penales en su contra. Entre ellos, los fiscales que archivaron el caso por el homicidio de Hernando Cardona, el finquero asesinado que los paramilitares revivieron para vender sus tierras.
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