La palabra reforma se ha vuelto sello personal del presidente de los Estados Unidos Barack Obama. Primero fue la reforma a la salud la que lo llevó al límite de su liderazgo y popularidad, ahora tiene el acelerador a fondo para sacar la financiera y más adelante deberá tener el tanque lleno para lograr una ley migratoria integral, que cierre la puerta a los brotes discriminatorios como los registrados en Arizona.
Tres pilares sobre los que Obama construyó un plan de gobierno consistente y ganador en su camino hacia la Casa Blanca, cuya carrera de obstáculos todavía no termina y, por el contrario, ofrece más riesgos y dificultades con el paso de los días.
Sobre todo, porque Estados Unidos tiene todavía dos frentes abiertos y no menos importantes: la recuperación económica después de la mayor crisis financiera de la historia y una lucha antiterrorista que mantiene a los estadounidenses con los pelos de punta.
En ambos casos, y el Presidente Obama así lo entiende, está de por medio el tema migratorio. Desde el mismo momento de su triunfo y posterior posesión, Obama prometió cambiar la doctrina de guerra preventiva de su antecesor, George W. Bush, y tendió lazos de amistad y respeto con el mundo musulmán, visto hasta ese momento como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y, por ende, objeto de persecución, discriminación y abusos de poder.
Con la promesa de llevar a cabo una reforma migratoria integral, Obama cambió el panorama electoral del sector hispano, donde no ganaba el Partido Demócrata en décadas y obtuvo un histórico triunfo. Una victoria con una deuda pendiente para Obama, pero que él parece dispuesto a cumplir. La pregunta es ¿cuándo y cómo?
La decisión tomada por Washington de demandar la Ley Arizona, que criminaliza y eleva a delito estar indocumentado en ese estado, cuya entrada en vigencia estaba prevista para este 29 de julio, es la respuesta de que Obama asumirá de inmediato esa cruzada. De hecho, la semana pasada había convocado la unidad entre demócratas y republicanos para sacar adelante una ley migratoria, en igualdad de condiciones para todos los indocumentados, estimados en 10 millones.
El corazón de la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia es que la Ley Arizona viola la Constitución estadounidense, pues se adjudica competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.
Mientras la Gobernadora de Arizona esgrimió razones de seguridad para defender la norma, el propio Obama ofreció redoblar la presencia policial en la zona y mejorar los sistemas de vigilancia fronteriza. Detrás de cada una de estas posiciones está en juego una fuerza laboral de casi medio millón de indocumentados, históricamente, parte del motor de desarrollo y crecimiento del país.
Con una ley migratoria integral, incluso, Estados Unidos podría dedicar cuantiosas sumas de dinero, que hoy usa para temas de seguridad contra indocumentados, a programas de infraestructura y desarrollo tecnológico que ni los propios americanos están dispuestos a realizar. De paso, acabar con la explotación laboral y la evasión en el pago de aportes a la seguridad social, puntos fundamentales de la recién aprobada reforma a la salud.
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