Ha sido este un país donde la accidentalidad vial es alta comparada con estándares internacionales, y más alta aún la causada por el consumo de licor o de sustancias psicoactivas.
Según estadísticas publicadas el pasado mes de julio, cada semana mueren en Colombia 8,2 personas por la acción temeraria de conductores borrachos o drogados. Es decir, el nivel de riesgo para peatones y otros conductores es mayor al de muchas actividades clasificadas legalmente en la categoría de peligrosas.
Porque, como demuestran los datos que manejan las aseguradoras, quienes sufren los mayores daños y perjuicios no son los propios conductores ebrios, sino los acompañantes y, lamentablemente, los ocupantes de otros vehículos y los peatones.
De un tiempo para acá el grave asunto de las muertes, lesiones y accidentes causadas por ebrios y drogados al volante ya no se asume como una fatalidad de un país con gente irresponsable. Ya no se tolera como un hecho con el que hay que convivir en medio de una ciudadanía que no respeta leyes ni códigos morales, que lo mismo explota voladores entre el vecindario a las tres de la mañana, que sale alicorada a manejar sin reflejos ni condiciones físicas para hacerlo responsablemente.
La cobertura de los medios de comunicación, particularmente la televisión, ha mantenido el problema en la agenda pública. Puede haber la sensación, es verdad, de que la atención mediática se concentra en los personajes públicos a los que pescan manejando con tragos, o en los casos ocurridos en Bogotá que involucran a personas de estrato socioeconómico alto.
Pero las tragedias derivadas de este tipo de delitos tocan a familias de todo el país, de todos los estratos. Y es de ese reclamo público ante lo que se considera prevalencia de la impunidad frente a este tipo de conductas, que el Congreso de la República, luego de numerosos intentos fallidos, aprobó una reforma que, se supone, ayudará a reducir los índices de tanto estropicio.
No se consagró como delito el solo hecho de conducir ebrio o drogado, como era la propuesta inicial. El propio Director de la Policía de Tránsito alertó en su momento que eso era un despropósito: no habría infraestructura judicial ni carcelaria para miles de irresponsables que detienen cada día festivo.
Lo que hizo el Congreso fue elevar las penas de prisión por homicidio culposo, y hacer más gravosas las medidas administrativas ante la infracción de las normas de tránsito: suspensiones y cancelaciones de licencia, multas e inmovilización del vehículo.
El trámite de la ley hubo de enfrentar los debates que contraponen la visión de los criminólogos y penalistas (como el fiscal Montealegre y el propio ministro Gómez Méndez), poco partidarios de las penas de cárcel, con la posición de la misma ciudadanía y asociaciones de víctimas que no conciben castigos alternativos a la dura prisión.
No creemos que la sola aprobación de esta reforma tenga efectos disuasivos para los borrachos homicidas. Porque dependerá ella del aparato judicial penal, que no se distingue ni por su eficacia ni por su diligencia.
Podría esta ley, sí, animar una amplia campaña para la toma de conciencia y la formación de una más vigorosa cultura ciudadana de respeto a las normas y de asunción de compromisos frente a la integridad de los demás. Ojalá.
EL MENSAJE A LA SOCIEDAD ES CLARO: CERO TOLERANCIA AL VOLANTE CON TRAGO
Por LUIS FERNANDO VELASCO
Senador de la República, ponente del proyecto de ley sobre seguridad vial.
La ley que enfrenta el fenómeno de los conductores ebrios tiene un mensaje muy claro a la sociedad: vamos a ser cero tolerantes con la combinación entre conducir y el alcohol.
Básicamente el proyecto aumenta las sanciones penales para quien incurra en lesiones u homicidio culposo. Así evitamos el bochornoso espectáculo de un chofer que mata a alguien y queda libre.
Aquel conductor que en estado de ebriedad lesione o mate una persona, va a perder efectivamente su libertad. Se aumenta la pena mínima de las lesiones culposas y del homicidio culposo a 53 meses, y el juez que evalúe qué tipo de tratamiento se le tiene que dar a quien lesionó o mató, tiene que darle privación de libertad, porque la pena mínima no permite otra opción.
Por otro lado, las sanciones administrativas inician con suspensiones de la licencia de conducción desde un año, hasta una cancelación de ella por 25 años; la retención del vehículo desde un día, hasta 20 días hábiles; una multa que va desde $ 1.800.000 hasta $21.000.000; y trabajo comunitario desde 20 hasta más de cien horas.
Si usted combina alcohol con volante, es claro que va a dañarle la vida alguien más, y por supuesto se daña su propia vida, y afecta a toda su familia.
