Hace 20 años se vivía cierto optimismo en el país ante la inminente promulgación y entrada en vigencia de una nueva Constitución Política. Un Estatuto Jurídico Fundamental, lleno de instituciones inéditas, redactado por constituyentes del más diverso y plural entorno político e ideológico, que fue promocionado como la "Carta de navegación para el siglo XXI".
Como bien se ha recordado, la necesidad de un cambio constitucional fue promovida como condición ineludible para facilitar los procesos de paz adelantados por el Gobierno de Virgilio Barco. Recogido el reto por el Gobierno de César Gaviria, y con la ayuda entusiasta del movimiento estudiantil de la "Séptima Papeleta", se logró crear cierta aceptación ciudadana a la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente.
El Gobierno de entonces acudió a una vía jurídicamente heterodoxa, mediante un Decreto de Estado de Sitio, para forzar la convocatoria a votar por la Asamblea que modificaría la Constitución vigente de 1886, que, según venía a decir en el fondo el Gobierno, era la causante del deterioro institucional de la Nación.
La entonces Corte Suprema de Justicia, sometida a presión gubernamental, mediática y de diversos sectores de opinión, que la agobiaron con el argumento de que si no había un cambio constitucional Colombia no podría alcanzar la paz, procedió a validar, por apretada mayoría, el cuestionado decreto.
Ahora, 20 años después, el mismo Presidente Juan Manuel Santos agradeció retroactivamente a esa Corte Suprema, por haber tenido "el coraje y el criterio para avalar jurídicamente el exótico procedimiento, ya no para reformar la Constitución, sino para sustituirla por una nueva". Un agradecimiento envenenado.
La votación para la Asamblea Nacional Constituyente, teniendo en cuenta el censo electoral de la época, no fue ni tan numerosa como para despejar dudas sobre su legitimidad, ni tan poca como para desestimar el "clamor popular" de que hablaba el Gobierno. Pero recordamos que hubo un trasfondo de desencanto en el conteo de los votos, ciertamente menos de los esperados.
El 4 de julio de 1991 se dio a conocer, en fin, el texto de una de las Constituciones más largas y prolijas del mundo. Con fe de erratas -exotismo colombiano donde los haya- y con incisos perdidos y luego incorporados sin mayor trámite, empezó un proceso de apropiación popular de las nuevas instituciones y de exigencia de derechos que nadie puede desestimar.
La acción de tutela se erigió de inmediato como la nueva "estrella" del mundo jurídico colombiano, con indudables avances en cuanto a la protección de la dignidad humana y la vigencia de los derechos fundamentales. Y que daría, también, para varios de los mayores exabruptos jurisprudenciales de la historia republicana.
Las nuevas instituciones -Corte Constitucional, Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Comisión Nacional de Televisión- han corrido desigual suerte. La Constitución, de por sí, no aseguraba su correcto funcionamiento. Las 29 reformas que se le han hecho hasta el momento, dan cuenta de que el "fetichismo constitucional", esa creencia nefasta de que sólo la Carta Magna es garantía de cumplimiento, aún sigue profundamente arraigado. Muestra del largo camino que queda por recorrer.
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