Con una apariencia alejada del imaginario colectivo a la hora de pensar en los empleados de la CIA, Edward Snowden, de tez blanca, barba rala, anteojos y 29 años de edad, se las arregló para dejar helados a los gobiernos y servicios de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido.
Tras revelar documentos en los que se evidenció que empresas como Facebook, Google, Apple, Microsoft, Yahoo, AOL, PalTalk, YouTube y Skype respondieron positivamente a unas 50.000 solicitudes de información privada de usuarios por parte del Gobierno de E.U., Snowden abrió el debate sobre la línea entre la seguridad de un Estado y la privacidad de sus ciudadanos.
Según el diario The Guardian, al que el joven exagente de la CIA filtró varios de los documentos, E.U. y Reino Unido destinan cerca de 550 especialistas para analizar una cantidad colosal de información aprovechando los avances en la tecnología y los mecanismos de interacción virtual, que lleva a miles de millones de personas a revelar sus datos más íntimos en la red.
A ello se suma el crecimiento de la red de cableado de fibra óptica y el hecho de que casi la totalidad de la información que se mueve por ésta pasa por E.U., país cuya Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) cuenta con el software Prism, que le permite monitorear, cotejar y cruzar información a la que el organismo accede previa autorización de las compañías de internet.
Sin embargo, y de forma paradójica, el mismo avance en las tecnologías de la información dificulta el seguimiento de los datos y la toma de decisiones sobre el procedimiento a seguir.
"La computación en la nube es almacenamiento de información en el ciberespacio, lo que dificulta la detección del origen y destino de la misma y hace complejo determinar cuál es la legislación aplicable en ciertos casos determinados", explicó Diego Buitrago, coordinador del Grupo de Investigación en Delitos Informáticos del CES.
¿Legítimo o ilegal?
Entre las voces de indignación que se levantaron en el mundo tras las revelaciones de Snowden, se escuchó con fuerza la pregunta acerca del derecho que tiene un Estado para decidir, de manera unilateral, revisar la información de sus ciudadanos.
En respuesta, el Director Nacional de Inteligencia de E.U., James Clapper, emitió un comunicado en el que defendió la legalidad de la medida.
"Prism no es un programa secreto de recolección de datos. Es un sistema de computación interno del Gobierno usado para facilitar la recolección legalmente autorizada de información de inteligencia extranjera por parte de proveedores de servicios de comunicación bajo supervisión de una corte", resaltó el alto funcionario.
Clapper, amparándose en la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Fisa), enfatizó que dicha información no es obtenida de manera unilateral por parte de las agencias de seguridad, y que los proveedores de los servicios tienen conocimiento del procedimiento.
No obstante, para el director de la consultora en estrategia e inteligencia Analytyka Consultores y exdirector del Instituto de Asuntos Públicos en la Universidad de Chile, Guillermo Holzmann, el respeto a las leyes por parte de estos programas de vigilancia es muy difícil de comprobar.
"Debería haber cierto nivel de acceso para que los ciudadanos verifiquen si ese seguimiento se está haciendo bien o no pues, de lo contrario, estaríamos generando las condiciones para un autoritarismo velado que finalmente va en contra del ciudadano, pero es muy difícil pensar que todo sea transparente y se dé a conocer", aseguró el experto.
Enredos diplomáticos
El lío entre países que generó la filtración a los diarios The Guardian y The Washington Post incluyó por un lado a E.U. y China. El pasado lunes, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, calificó de "absurdas" las insinuaciones de que Snowden, refugiado en Hong Kong, es un espía que trabaja para ese país, una alusión hecha por el exvicepresidente de E.U., Dick Cheney en una entrevista al Daily News.
Por su parte, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reveló este viernes que su organización está ayudando a Edward Snowden para que reciba asilo en Islandia, mientras el Departamento de Justicia de E.U. preparaba una petición de extradición.
Por otro lado, la revelación de que el Gobierno británico espió a delegados de varios países que asistieron en 2009 a dos cumbres del G-20 en Londres, generó airadas respuestas por parte de los gobiernos de Turquía y Rusia.
"Estas filtraciones incrementaron el nivel de desconfianza entre las naciones y entorpecieron las relaciones entre ellas", anotó Holzmann.
"¿Realmente creen los Estados que la forma de enfrentar la tecnología es criminalizándola?" -se preguntó Carolina Botero respecto a las persecuciones a Snowden y Assange-. La fórmula no es criminalizar sino empezar a hablar de valores y códigos de ética", puntualizó.
Migajas electrónicas
A su vez, el escándalo crea un clima generalizado de desconfianza de los usuarios de servicios en internet, en especial frente a la exposición de sus datos. Lo que se inscribe en lo que María Rocío Arango, docente del departamento de humanidades de la Universidad Eafit, denomina como "vigilancia de mercado".
Su propósito, más que prevenir algún suceso desafortunado, como lo hace la vigilancia policial, "tiene que ver con anticipar o crear los deseos o necesidades de los consumidores". En este caso no se requieren leyes o parámetros, dice la especialista en filosofía, sino conocer los gustos, hábitos, rutinas, vicios y virtudes, deseos, pasiones y defectos de consumidores e internautas.
Esto ha hecho que colectivos como Tacticaltech.org hayan creado iniciativas tipo Me and My Shadow para ayudar a identificar qué se hace con las migajas electrónicas que se dejan en internet. Para la bloguera alemana Anne Roth, que hace parte de esta comunidad, "es imposible evitar dejar rastro cuando navegamos en la red". Es difícil saber qué harán con los datos, pero por lo menos queda la alternativa de compartir cada vez menos información.
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