Uno de los múltiples proyectos de ley que hicieron curso en el Congreso de la República en el periodo que recién termina, hace referencia a la rehabilitación integral que requieren los miembros de la Fuerza Pública con discapacidad, como efecto de los altos riesgos que representa su actividad. Bienvenida tan importante iniciativa, que pretende mitigar la deuda social con estos abnegados servidores de la patria, algunos con ribetes de heroísmo, que han entregado lo mejor de sí en defensa de una sociedad que los desconoce, cuando no los mira con indiferencia.
En la mayoría de los casos, estas situaciones han tenido su origen en los riesgos propios del conflicto armado interno y en el compromiso voluntario o como causa del servicio militar obligatorio que la Carta Política del país establece.
Hasta ahora, el Estado atiende a sus víctimas mediante tratamientos terapéuticos que les permiten recobrar parcialmente la función perdida, pero los traumas y sus efectos psicológicos les limitan las opciones de vida, que algunas veces se restringen a la droga, la mendicidad, el suicidio o, en otras, se convierten en una gravosa carga para su núcleo familiar.
El proyecto de ley, ahora para sanción presidencial, permitirá la creación del Sistema de Rehabilitación Integral para tales personas, y con ello nace la perspectiva para estos valientes hombres de recobrar la esperanza, ser apoyados en los ámbitos familiar, laboral y social desde los elementos terapéuticos, educativos y de gestión, y lograr la reincorporación a la sociedad para una vida activa y productiva con plenitud de derechos.
Por tales circunstancias la ley viene a satisfacer una necesidad sentida dentro de la Fuerza Pública. Tiene el gran mérito de hacer viable la inclusión social de más de 4.000 jóvenes que llegaron a tan alto nivel de sacrificio en procura de la paz para todos los colombianos. También para aquellos que en el futuro se vean abocados a tan difícil y dolorosa situación.
Ante este significativo logro, es justo reconocer el esfuerzo de personas y entidades que lo hicieron posible. Entre ellos, vale la pena destacar el apoyo del doctor Francisco Santos, como Vicepresidente de la República, y la inspiración e iniciativa de su señora, María Victoria García; la visión del Dr. Juan Carlos Pinzón, desde su anterior cargo como Viceministro de Defensa; el compromiso de los congresistas Carlos Emiro Barriga y Albeiro Vanegas Osorio, quienes desarrollaron una excelente labor como ponentes del proyecto en Senado y Cámara; la preocupación del mando militar por el bienestar de sus hombres y mujeres, y a la diligente gestión de la actual Viceministra del Ministerio de Defensa, Sra. Yaneth Giha.
Mención especial merece el gobierno de la República Democrática de Corea y su Agencia de Cooperación Internacional, KOICA, bajo la dirección en Colombia del Sr. Chan Hoon Song, quienes asignaron una cifra superior a los $20.000 millones con destino a la capacitación de personal y a la edificación del Centro de Rehabilitación Integral e Inclusión Social, CRIS, el cual será construido en la Localidad de Puente Aranda en Bogotá. Este valioso aporte se produjo como acto de reconocimiento y gratitud de ese país amigo a la participación heroica de los soldados colombianos en el conflicto internacional de Corea hace sesenta años.
Promulgada la ley, el reto para el Ministerio de Defensa consiste en estructurar el sistema de rehabilitación integral que dé alcance a los fines de la ley y dé satisfacción a los objetivos señalados. No menos importante es lograr que la sociedad incluya a estos hombres, a quienes tanto debemos, dentro de la diversidad colombiana, merecedores como todos de soñar con un nuevo destino y capaces de hacerlo realidad.
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