Nos llamó la atención la pena irrisoria que el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, le impuso a María Remedios García Albert, alias Irene, sindicada como presunta integrante de las Farc en ese país. La dejó en libertad bajo fianza con la garantía de que contaba con una semana para reunir los 12 mil euros exigidos.
No bastó, para imponerle una pena más fuerte, el hecho de que la señora García sea integrante de la comisión internacional de las Farc en España, reciba dineros con destino a la difusión de la ideología del grupo guerrillero en Europa; tenga contactos con los responsables del grupo guerrillero en México y Suiza y haya visitado varios de sus campamentos en Colombia.
No faltaba más que con todos estos antecedentes, "Irene" no sea considerada como colaboradora del grupo terrorista, conducta grave en la Unión Europea.
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