En 1830, cuando el territorio que hoy constituye el Reino de Bélgica decidió separarse de los Países Bajos para conformar una nación independiente, pudo lograr su propósito gracias a la intervención de Francia y de Inglaterra.
El prestigioso diplomático Charles Maurice de Talleyrand expresó su apoyo a la intervención francesa en ese conflicto. A Talleyrand, quien en el Congreso de Viena al finalizar las guerras napoleónicas había defendido con habilidad los intereses de Francia frente a las potencias victoriosas, se le asociaba con el principio de no-intervención.
Con motivo de su actitud frente a la independencia de Bélgica, un periodista le solicitó que definiera la diferencia entre intervención y no-intervención. A lo cual Talleyrand le respondió que ambos conceptos eran más o menos la misma cosa.
El diplomático francés no estaba recurriendo a un juego de palabras para evadir la pregunta. Su respuesta hacía referencia al hecho sutil, a la vez que paradójico, de que si una gran potencia tiene la capacidad para determinar el resultado de un conflicto que tiene lugar en su área de influencia, interviene en el mismo, bien sea por acción o por omisión. La vigencia contemporánea de ese fenómeno puede observarse a raíz de la insurrección popular en Libia contra la dictadura de Muamar Gadafi.
Una vez el régimen libio anunció que se proponía confrontar la insurrección por la fuerza y exterminar a sus opositores como ratas, la comunidad internacional se vio abocada a la necesidad de escoger entre dos alternativas: intervenir militarmente para proteger a la población civil o abstenerse de intervenir en homenaje al principio de no-intervención en los asuntos internos de un estado soberano.
Cualquiera de las dos opciones llevaba implícita una intervención a favor de una de las dos partes en conflicto. En el primer caso, se estaría interviniendo a favor de quienes combaten una dictadura sanguinaria.
En el segundo, se estaría interviniendo a favor de un gobernante que utiliza el pretexto de la soberanía nacional para oprimir a la población.
La ofensiva liderada por Francia y el Reino Unido, con el apoyo aéreo y marítimo de Estados Unidos contra las fuerzas militares de Gadafi, establece un precedente poco tranquilizante para los gobiernos con vocación dictatorial: La soberanía nacional no es absoluta, ni puede invocarse para encubrir atropellos sistemáticos a los derechos humanos. Es explicable la inconformidad que ha producido en Caracas y La Habana la intervención humanitaria autorizada por las Naciones Unidas en Libia.
Aunque se manifieste de manera menos conspicua, los gobiernos intervienen, para bien o para mal, en los asuntos de las naciones de su entorno cercano por medio del ejemplo.
Un gobierno que se somete a las reglas de juego democrático, protege las libertades individuales, promueve la equidad social y respeta el derecho de propiedad influye, sin proponérselo, en el debate interno de los regímenes de corte autoritario.
A su turno, quienes intentan perpetuarse en el poder a cualquier costo, les suministran a sus vecinos valiosos argumentos a favor de la alternación en la jefatura del Estado.
Los voceros de la oposición democrática en países del norte de Suramérica que padecen gobiernos autoritarios quisieran contar, para su lucha valerosa y desigual, con el vigoroso apoyo de las democracias amigas.
A mediano y largo plazo, las naciones democráticas pueden intervenir en su entorno geopolítico de manera indirecta.
La forma más eficaz de hacerlo es demostrando que, bajo el imperio de la ley y respetando el ordenamiento institucional vigente, es posible, en libertad, alcanzar el progreso económico e impulsar el bienestar social, sin sacrificar los fundamentos de la democracia liberal.
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