La tensión de los medios de prensa en Ecuador para informar es cada vez peor por la persecución que el reelecto presidente Rafael Correa, ha hecho sobre ellos durante los últimos años.
Precisamente hoy, será proclamada en la Asamblea Nacional la nueva ley Orgánica de Comunicación que crea el denominado Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, que según analistas consultados, es una forma "bonita" para maquillar la restricción a la labor informativa en los medios privados del país.
Según comunicación oficial de la Embajada de Ecuador en Colombia, este Consejo tendrá entre otras atribuciones, la de sancionar el incumplimiento de las normas deontológicas (deberes). "Luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no exista una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa", explica el comunicado.
Para el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, en diálogo con El Colombiano, esto es un atropello más y calificó de "patética la situación de los medios ecuatorianos porque el presidente Correa metió la mano en la justicia para hacer reformas que restrinjan nuestro trabajo informativo".
Cornejo explicó además que el infierno que viven los periodistas en Ecuador pasa por una "judicialización de la opinión que no permite la libertad de informar, porque los cierres de medios son constantes por parte del Gobierno y son cada vez más virulentas las críticas a los medios, haciendo cadenas enteras para expulsar a periodistas".
De acuerdo con denuncias de los propios periodistas ecuatorianos, casi un 40 por ciento de las agresiones contra ellos no vienen de fuerzas oscuras, provienen de los propios funcionarios públicos porque además, ninguno de los ministros de Gobierno entrega declaraciones a los medios por disposición presidencial.
"Tampoco hay manera de hacer seguimiento de ningún tema de interés público que incomode al Gobierno, además el presidente Correa interrumpe cuando quiere las emisiones de noticias porque, según él, el Gobierno es quien tiene derecho a la réplica", puntualizó Cornejo.
Por su parte, la periodista independiente Pamela Romero, dijo a El Colombiano que se declara a la expectativa con la proclamación de esta controvertida ley porque espera saber qué pasará más adelante si se agudizará o no la restricción de informar.
"La Unión Nacional de Periodistas de Ecuador había denunciado en días pasados que no se puede permitir que se restrinja la información solo a medios privados, que no se comprende que solo accedan los medios públicos a la información porque el Gobierno prohibió a los funcionarios hablar con al prensa privada y como quedan muy pocos de estos medios en el país, la nueva ley les exigirá aún más la emisión de contenidos sensibles para el Gobierno y seguramente se cuidarán de informarlos".
Sin embargo, aclaró la periodista Romero que en su concepto todavía no hay restricción completa por al acceso a la información, más bien lo que se viene con la supervisión del Gobierno, obligará a los periodistas a documentarse adecuadamente frente a un tema y no simplemente informar a su antojo porque estén en contra del Gobierno.
Este es el ambiente general que se respira en el país, por un lado el Gobierno promueve sus restricción informativa contra los medios privados y por el otro hay cierto acomodo de los profesionales de la comunicación con los afectos del Gobierno de Correa.
Otro punto de vista que trató de obtener este diario fue con Pamela Ramírez, de la oficina de Prensa de la Presidencia de Ecuador, quien manifestó claramente que ellos en esa dependencia no están autorizados para emitir ninguna opinión al respecto y que las declaraciones las hace directamente el presidente Rafael Correa.
El mismo presidente de la SIP, el ecuatoriano Jaime Mantilla, le aclaró a este diario que la "ley de Comunicación es la mayor amenaza para la información en Ecuador porque establece discriminación contra medios privados y forma un Consejo conformado por miembros del Poder Ejecutivo en su mayoría".
Así se eliminará la autonomía de los medios de comunicación y los someterá a la presión gubernamental, dejando sin independencia a los medios. Además, "no permitirá la investigación periodística rigurosa, porque no se podrá hacer seguimiento a un funcionario por su gestión, dado que el presidente Correa no lo aceptará", agregó Mantilla.
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