Las investigaciones de la Contraloría sobre irregularidades en el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) no tomaron por sorpresa al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, quien se mostró confiado en que el caso sirva para poner orden en ese órgano.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Esguerra Portocarrero habló de la situación dentro del CSJ) y sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
¿Cómo analiza la situación en el CSJ como ministro especializado en la Rama?
"Sobre ese particular ha habido desde hace un tiempo largos informes de prensa, rumores, indicios que apuntaban en la dirección de que ese tipo de irregularidades venían ocurriendo. Entiendo que eso dio lugar a que fuera recogido por la Contraloría General. Y esta, según lo que hemos sabido, inició unas investigaciones internas y unos exámenes fiscales sobre ese particular, y concluyeron con lo que se llama un informe final de auditoria. Ese informe determina que hubo unos hallazgos, es decir, unas irregularidades de tipo fiscal, que apuntan en la dirección de confirmar esos rumores que han venido de tiempo atrás. Y más aún, dispuso en consecuencia, la apertura de un juicio fiscal en contra de los magistrados y exmagistrados implicados en el asunto. Si llegaran a confirmarse esas indagaciones preliminares, por supuesto que se apliquen todas consecuencias que tiene previstas el ordenamiento jurídico".
La Sala Disciplinaria se pronunció al respecto, ¿qué análisis hace del comunicado que emitió?
"Lo que hay no son simplemente unos rumores, ni unos indicios, porque eso era lo que había inicialmente. Lo que hay es un examen juicioso, cuidadoso y responsable, supongo yo, de la Contraloría General de la República, que ha conducido a un informe final de auditoria, que establece la existencia de unos hallazgos fiscales, es decir, es algo más que simplemente un rumor, mucho más que simplemente un rumor. Ahora, por eso dispone que se abra un juicio fiscal, pues esperemos a que se abra y a que culmine este".
El Gobierno ha tratado de acercarse a la Rama Judicial y de evitar confrontación con las diferentes Cortes, ¿esta situación cambia eso?
"No, yo espero que no, porque no se trata de que haya de por medio unas relaciones malas. Por el contrario, las tenemos buenas. Hemos estado con los funcionarios del CSJ y con los magistrados en las conversaciones, debates, foros y audiencias que ha habido en relación con el tema de proyecto de reforma constitucional de la Justicia. Esto no debe afectar las relaciones institucionales, pero en todo caso, lo que no puede significar es que para mantener unas maravillosas relaciones deje de cumplirse con el deber que corresponde a las autoridades públicas. En este caso, la Contraloría y el Gobierno, en el sentido de darle su respaldo a lo que está haciendo la Contralora, hacen lo que les corresponde para que esto se esclarezca".
El magistrado Néstor Raúl Correa, presidente de la Sala Administrativa del CSJ, habla de que están colaborando con la Contraloría para apoyar todas estas investigaciones...
"Entiendo que esto es así, el magistrado Néstor Raúl Correa, en la condición que ha venido teniendo de Presidente encargado de la Sala Administrativa, ha venido prestando todo su concurso para que las denuncias que han venido haciéndose sobre episodios desapacibles en el CSJ, se establezcan, salga a la luz pública y se vea qué es lo que realmente ha ocurrido".
¿De que manera colabora el Ejecutivo en la investigación de la Contraloría?
"No, hasta ahora no hemos hecho positivamente nada. Estamos en disposición de prestarle el concurso que eventualmente pudiera requerir la Contraloría, si alguno pudiera requerir".
¿Cómo va a afectar esto a la reforma a la Justicia?
"Yo no quiero hacer especulaciones sobre el particular, porque me parece que no está bien hacerlo. Pero en todo caso, los hechos sí reflejan que hay indicios gruesos que confirman la preocupación que ha venido teniendo el país entero y este gobierno, en relación con la forma como ha venido funcionando el Consejo Superior de la Judicatura".
En esta medida, ¿qué consideraciones adicionales se deberían hacer respecto del CSJ?
"Esperemos a ver qué ocurre, en qué paran estas investigaciones y cómo sigue desarrollándose el trámite de la reforma constitucional, a partir de la segunda mitad del próximo mes de marzo".
Ley de Tierras
¿Cómo va la implementación de la entrega y devoluciones de tierras a los campesinos?
"La unidad de espíritu que hay entre el Gobierno y los campesinos que aspiran a que se le devuelvan sus tierras o a que se les repartan tierras que están pendientes de ser repartidas, es total. Y el compromiso del Gobierno con la causa de la restitución de las tierras a aquellas personas que fueron despojadas es absoluto, lo mismo que con la reparación de las víctimas, es una de las banderas del Gobierno Nacional y estamos empeñados en eso".
¿Cómo está la situación de protección a los líderes reclamantes de tierras que han sido amenazados?
"El tema de seguridad depende del Ministerio de Defensa con la colaboración de la Fuerza Pública. En el caso del Ministerio de Justicia, la protección que nos corresponde debe darse por el camino principalmente de la Superintendencia de Notariado y Registro para efecto de ayudarles a los campesinos y personas, en cuanto han sido objeto de despojos de tierras, no ya por actos materiales de violencia, sino a través de actos engañosos, tortuosos y grises, metidos en una escritura pública o en un certificado de libertad, para efectos de que se haga prevalecer allí el derecho de quienes tenían una propiedad legítima. En eso estamos metidos".
¿Y cuál es el balance en este aspecto?
"El balance es positivo, creo que se ha avanzado considerablemente. No tengo los datos en la cabeza, porque las investigaciones se han hecho por etapas y regiones del país, pero ya hay unos resultados que corresponden a la región de Urabá, por ejemplo, otros resultados a los Montes de María, otros que corresponden a la región del departamento del Meta, tenemos algunos en el departamento de Norte de Santander, otros en Cundinamarca y siguen adelantándose las investigaciones. Todas ellas han arrojado unas cifras parciales, pero no tengo en este momento el consolidado de esas cifras, pero estamos hablando de mucha tierra".
¿Qué pasa con las tierras expropiadas a los narcotraficantes?
"En eso también estamos. Las tierras que fueron incautadas a los narcotraficantes -que fueron objeto de extinción de dominio o que están siendo materia del trámite respectivo para que se decrete su extinción de dominio- se repartirán en la misma forma como se hizo hace unos días en Ayapel, con la hacienda Las Catas, que fueron cuatro mil y tantas hectáreas fueron repartidas a los campesinos, y que correspondían a una finca incautada y luego objeto de extinción de dominio".
¿Esa tierra es sólo para campesinos víctimas de la violencia o también para campesinos pobres?
"Ambas cosas, pero en el caso concreto de Las Catas era para campesinos a quienes ya se les había hecho una entrega provisional de las tierras. Lo que se hizo fue entregar los títulos definitivos que los acreditan como propietarios. Pero en general, en cuanto se trata de la restitución de tierras a quienes hayan sido despojados de ellas, basta simplemente con que se acredite la forma expedita y sencilla como está establecido en la ley y en sus reglamentos, el derecho respectivo para que haya lugar a la restitución. Allí poco importa si se trata de gente que tiene más o menos recursos, lo que importa es que ha habido unos despojos en forma antijurídica. En otros casos, se trata del reparto de las tierras que fueron objeto de incautación y de extinción de dominio, pero esa política no depende del Ministerio de Justicia, sino del Ministerio de Agricultura y el Incoder. Pero, no entro en detalle, porque no es asunto de mi Ministerio. Y como estamos criticando a la gente que se salta la cerca y se mete a la propiedad ajena, yo no puedo saltarme la cerca y meterme en la propiedad del Ministerio de Agricultura".
¿No considera usted que este proceso es muy grande y hay muy pocos magistrados (15) encargados de adelantarlo?
"Es un comienzo. Apenas se han hecho los meros nombramientos de los magistrados y de los jueces que van a encargarse de restitución de tierras. En eso estamos comenzando, pero es que llevamos apenas 15 ó 20 días".
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