Recientemente una Ley Estatutaria dejó establecido que la salud en Colombia es un derecho fundamental, un hecho que diversos sectores aplauden, pero que otros ven con dudas porque persiste el principio de sostenibilidad como una de las condiciones para garantizarlo. Mientras la Corte Constitucional revisa la normativa, a la par cursa en el Congreso un proyecto de Ley Ordinaria que reforma el Sistema de Salud y deberá acogerse al nuevo principio de la estatutaria.
El proyecto de Ley plantea un cambio en los roles de los actores de la salud. Entre los más significativos se destaca que los recursos pasarán a un fondo que reemplazará al Fosyga. “Este cambio es importante porque es el Ministerio de Salud el que lo asume y hará la transferencia de los recursos de manera directa. Debe tenerse cuidado con que la centralización no genere dificultades”, considera Álvaro Cardona, exdecano de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
Los nombres
El otro cambio es el de las EPS, cuyo nombre cambia por el de Gestoras de Salud. Para algunos este nuevo sistema les quitará poder en la medida en que no administrarán recursos. Sin embargo, Germán Reyes, presidente de Asmedas, dice que el proyecto debió aprovecharse para que “las EPS desaparecieran y quitarle la intermediación a la salud”.
Jaime Poveda, director de la IPS Universitaria y Camilo Piedrahíta Vargas, jefe de derecho de Eafit, dicen que las EPS son necesarias. Más bien consideran que la nueva norma las puede hacer corregir los errores. “Le apostaría a un sistema con pocas EPS, grandes, que el Estado pueda controlar más fácil”, señala Piedrahíta Vargas.
Otra transformación será la del POS, que pasa a llamarse MiPlan. “El plan de servicios que recibirán los usuarios es abierto con exclusiones, como tratamientos cosméticos y experimentales. Me preocupa que el proyecto no deje muy claro cómo va a ser el plan”, explicó Cardona.
El proyecto de ley ordinaria comenzará en breve su trámite legislativo para precisar los alcances de la reforma en la salud.
