"El general retirado Santoyo aceptó sobornos de terroristas, así de simple. El acuerdo era de dinero a cambio de información, y para los terroristas, la información es poder".
Con esta frase del fiscal Neil H. MacBride se cerró la primera condena en Estados Unidos contra un general de la República de Colombia, un episodio que la clase política y policial del país ha calificado como "vergonzoso".
La sentencia de 13 años de prisión y una multa de 224 millones 381.250 pesos (125.000 dólares) fue proferida por la Corte del Distrito Este de Virginia, por el cargo de conspiración para proveer apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera, en este caso las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
"Cometí errores", dijo Mauricio Santoyo Velasco en la corte y pidió perdón a su familia.
La sentencia, sin embargo, dejó en el aire una inquietud: ¿qué pasó con los presuntos nexos del oficial (r) con la banda "la Oficina" y las supuestas actividades de narcotráfico por las que era investigado en E.U.?
Cambio de cargos
El 24 de mayo pasado, el mismo fiscal MacBride formuló la acusación formal contra el general (r), mediante el indictment N° 1:12-CR-217.
En dicho documento, la Fiscalía estadounidense le imputó el cargo de conspiración para distribuir 5 o más kilos de cocaína en esa nación.
La acusación señalaba que, al parecer, entre los años 2000 y 2008 el sospechoso participó en la importación de cocaína con los líderes de las Auc y "la Oficina". "Estas organizaciones traficaron múltiples toneladas de cocaína a través de Centroamérica y México", reza el indictment.
Los primeros que asociaron a Santoyo con "la Oficina" fueron los integrantes de la organización criminal "la Terraza", cuya base de operaciones era Medellín.
En una carta del 29/11/00 remitida al presidente Andrés Pastrana, la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería, los ilegales señalaron a varios militares y policías como presuntos aliados de los capos paramilitares Carlos Castaño y Diego Murillo ("Berna"), el fundador de "la Oficina".
"Dicho comandante está encargado de asesinar cualquier enemigo potencial de la mafia paramilitar", redactó "la Terraza" refiriéndose a Santoyo, quien entonces lideraba el Gaula Urbano de Medellín.
Cuando el general (r) se presentó a las autoridades norteamericanas, rechazó el señalamiento por narcotráfico.
El 20 de agosto se pactó un acuerdo entre el oficial (r) de 53 años y la Fiscalía (plea agreement ), que cambió el cargo de tráfico de drogas por el de la conspiración para apoyar a grupos terroristas, por entregar información reservada a los "paras" y facilitarles sus operaciones.
De esta manera, los presuntos nexos con "la Oficina" quedaron eliminados del texto de la sentencia y solo se mencionó a las Auc.
Lo que viene
El acuerdo con la justicia estadounidense derivó en algunos beneficios para Santoyo: recibir una condena inferior a los 15 años, con posibilidad de reducirla a futuro por buen comportamiento; estar en una cárcel de mediana seguridad y que le retiraran los cargos por narcotráfico.
Para sostener esos beneficios tendrá que cumplir una serie de requisitos, que incluyen, entre otros: entregar documentos, grabaciones o cualquier material importante para la investigación; participar en interrogatorios, incluso con el polígrafo; identificar los bienes obtenidos durante las últimas dos décadas y cooperar con el gobierno de E.U.
Eso, necesariamente, implica delaciones contra delincuentes u otros servidores públicos. "La sentencia envía un mensaje claro de que los funcionarios corruptos, independiente de su posición, serán investigados al máximo por la DEA", declaró el agente especial Robert Brisolari, adscrito a dicha agencia antidrogas.
En Colombia, la Fiscalía adelanta procesos de ocupación a los bienes de Santoyo en Boyacá y Santander, con fines de extinción de dominio.
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