Colombia perdió lo incalculable. Mar, territorio, potencial de exploración y explotación de recursos pesqueros y petroleros, patrimonio ambiental y seguridad política con nuestros vecinos en el mar Caribe. Y como si fuera poco, parte del territorio quedó al vaivén de las relaciones políticas con Nicaragua.
Ningún experto, en sus predicciones, pudo anticipar la situación en la que hoy quedó el país. La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), en una decisión criticada, incluso por el presidente Juan Manuel Santos , falló según la costumbre internacional y decidió cambiar el mapa.
Reconoció la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y dejó, en medio de territorio extranjero, dos cayos en el mar Caribe.
"La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente", indicó Santos.
Para el presidente, "equivocadamente", la CIJ, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago. Además, extendió la línea de delimitación marítima hacia el oriente, hasta llegar a 200 millas de la costa nicaragüense.
Según explicó Santos, hay "una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas". Con ello, se contradijo la Corte sobre "una doctrina histórica del derecho internacional" y desconoció otros tratados de límites suscritos por Colombia.
El profesor de Derecho Internacional de la Universidad de la Sabana, Carlos Arévalo , indicó que el fallo fue más allá de lo que señaló Santos. "Casi que ni necesitamos establecer una frontera con Costa Rica o con Panamá. La frontera con Honduras también se vio afectada. Es decir, la decisión afectó intereses de terceros Estados, así la Corte diga que no. Y abrió la puerta para que terceros países reclamen fronteras".
"Rechazo el fallo": Santos
Santos rechazó partes del fallo y anunció que iniciará una serie de consultas con el grupo que defendió al país ante la CIJ para analizar los recursos que disponga el derecho internacional.
Para Mauricio Jaramillo , profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, de lo expresado por Santos no se puede derivar que no se cumplirá el fallo porque por un lado se ha ejercido soberanía sobre los siete cayos y el archipiélago de San Andrés, pero al mismo tiempo no se puede mostrar "indignación" frente a la decisión.
En este sentido, hay que tener en cuenta que el fallo de la CIJ es inapelable y sólo queda la posibilidad de interponer revisión, que le da cerca de 10 años a la Corte para decidir.
Lo que le queda a los países es decidir si acatan o no el fallo. Si no lo hicieran, como ocurrió en el litigio entre Nicaragua y Honduras, puede haber consecuencias que van desde bloqueos diplomáticos y económicos, hasta un llamado de la CIJ al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que aplique medidas de fuerza.
¿Quién es el responsable?
Cerca de once gobiernos han tenido que ver en el problema con Nicaragua, desde que comenzaron los roces en 1980.
Sin embargo, como señala el director de la Facultad de Ciencias Políticas de UPB, Luis Guillermo Patiño , la responsabilidad más importante la tienen los gobiernos a los que cobijó el litigio ante la Corte. Es decir, el de Andrés Pastrana , Álvaro Uribe y Santos.
Pastrana "porque de manera ingenua aceptó la jurisdicción de la CIJ", explicó Patiño; el Gobierno de Uribe, al decir "que la Corte en 2007 reconocía San Andrés, Santa Catalina y Providencia, y que entonces no había por qué preocuparnos, porque íbamos muy bien y perderíamos más territorio".
"Y ahora, una responsabilidad, en menor medida, pero lamentable, cuando la canciller María Ángela Holguín , de manera anticipada salió a reconocer que Colombia tenía muchas posibilidades de perder territorio".
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