La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó este martes por unanimidad el llamado marco legal para la paz, en el primer debate de ocho que deberá cumplir en el Congreso ese proyecto de acto legislativo.
Sin embargo, el texto que aprobaron los congresistas no incluyó el artículo 122, que establecía la posible participación en política de combatientes de los grupos al margen de la ley que se desmovilizaran.
No obstante, la medida todavía no ha sido descartada de la iniciativa debido a que fue presentada y discutida, sin que se sometiera a votación; por lo tanto la participación política podría ser revivida en alguno de los siete debates que le restan al marco legal para la paz.
Otro aspecto que quedó sin ser precisado, pero que se espera se especifique más adelante, fue si la iniciativa contemplará justicia transicional también para militares que hayan cumplido delitos durante el ejercicio de su labor.
El ponente de la iniciativa, Carlos Edwar Osorio, explicó que la aprobación de la reforma constitucional permitirá "abrir un camino hacia la paz, que podrá ser utilizado o no dependiendo de las circunstancias y del momento".
Así mismo, dijo que con el marco legal para la paz "se generan unas herramientas constitucionales de justicia transicional, que no es ni más ni menos que permitir a futuro un marco diferente al ordinario, un marco a través del cual, en un momento determinado, quienes se desmovilicen pueden acceder a unos beneficios fijados, pero esas consideraciones de priorización y selección tendrán que ser establecidas a través de una ley de la República, que solo podrá presentar el Gobierno".
El representante aclaró, además: "este proyecto de acto legislativo no está concebido para beneficiar a las bacrim ni para beneficiar a quienes en el pasado participaron en procesos de desmovilización, este proyecto tiene un marco conceptual claramente definido hacia el futuro".
El proyecto de ley ordinaria que regulará este proyecto de reforma constitucional, solo podrá ser presentado por el Gobierno.
El lunes, el presidente Juan Manuel Santos, dijo que el proyecto permitirá trazar una estrategia integral del Estado con miras a lograr la reintegración efectiva de los desmovilizados, con seguridad jurídica.
Así mismo, dijo que este tipo de iniciativas son las que permitirían a más de 25.000 exintegrantes de grupos paramilitares que han depuesto las armas mantenerse en la legalidad, sin correr el riesgo de regresar a las actividades delictivas.
Voces en contra
Por su parte, el representante de La U Miguel Gómez, quien era uno de los principales opositores a que se permitiera una posible participación política de excombatientes, dijo: "el riesgo más grande quedó evitado con la versión que fue aprobada hoy en la Comisión... El artículo como tal no fue votado y eso, por lo menos para mí, es una garantía de tranquilidad".
No obstante, Gómez manifestó que la iniciativa "tal como está, tiene incógnitas. Por ejemplo, si las partes en conflicto incluyen a las fuerzas militares. En mi percepción, no son una parte del conflicto y por lo tanto creería que están excluidos. Sin embargo, sí me parece que hace falta precisión acerca de si este artículo incluiría o no a miembros de las fuerzas militares que han cometido hechos contra la ley".
El representante dijo que "para el segundo debate este proyecto no puede venir con esos vacíos que hoy tiene y que generan mucha inquietud".
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