Más de tres mil trabajadores de las liquidadas empresas del sector de las telecomunicaciones insisten en su aspiración de que la administración de justicia se pronuncie sobre la legalidad de esos procesos.
Para ello, este año han realizado en Bogotá tres plantones frente al Palacio de Justicia, reclamando que las altas Cortes judiciales del país agilicen una decisión definitiva sobre el tema. Lo que piden es "justicia, justicia, justicia", como rezan sus arengas, pues en algunos casos llevan diez años a la espera de un pronunciamiento judicial de fondo.
El mismo plantón lo han realizado en otras ciudades en donde fueron liquidadas empresas del sector. El más reciente tuvo lugar la semana pasada en la capital del país, donde un centenar de extrabajadores de las telecomunicaciones se concentró frente a la entrada al Palacio de Justicia.
Jorge Alberto Jurado es el apoderado de los extrabajadores de 15 empresas de telecomunicaciones liquidadas durante el primer mandato del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, entre ellas TeleArmenia, TeleCalarcá, TeleCartagena, TeleTolima, Adpostal e Inravisión.
El jurista explica que el proceso de nulidad de los procesos de liquidación de esas empresas va a paso muy lento.
“Una tutela interpuesta por 611 ex trabajadores lleva cuatro años y medio sin resolverse; en la Corte Constitucional lleva desde enero de 2010 cuando fue seleccionada para revisión, y hoy ni siquiera hay registrado proyecto de fallo”, dice.
El abogado Jurado sostiene que en varias oportunidades los voceros y apoderados de los ex trabajadores han hablado con la magistrada María Victoria Calle, ponente de la revisión de tutela en la Corte Constitucional. “Desde septiembre de 2001 ella nos dijo por escrito que ‘en los próximos días registro el proyecto de fallo’, y llevamos más de dos años y nada”, se queja.
Jurado agrega que hay en curso demandas ordinarias laborales desde noviembre de 2003, es decir que el mes entrante completarán diez años, sin un fallo definitivo. Y también hay demandas de nulidad ante la Sección Primera del Consejo de Estado desde 2004 contra los decretos que permitieron la liquidación. “Son demandas que llevan nueve años sin solucionarse. Esto ya es inaguantable”, afirma.
Algunos fallos
Los ex trabajadores reclamantes consideran que el proceso de liquidación de esas 15 empresas se hizo sin el lleno de los requisitos legales pues ni siquiera hubo un inventario de valoración de activos y pasivos. “Es decir, cerraron el proceso de liquidación y ni siquiera se sabía cuánto tenían las empresas ni a quién le debían”, explica el abogado Jurado.
No obstante, dice que en marzo del año pasado la Sala Plena del Consejo de Estado anuló el decreto que permitió el cierre de Telecom y anuló el decreto que permitió el cierre de TeleUpar, en Valledupar.
“En este momento lo que hemos ganado es tutelas de primera y segunda instancia que están en revisión de la Corte Constitucional y decisiones en el Consejo de Estado por lo que van a tener que reabrirse los procesos liquidatorios y van a tener que reintegrarse a sus empleos a cerca de tres mil personas en condición de debilidad manifiesta y eso implicará el pago de importantes cifras para cada trabajador. Sumado, eso representará una significativa para el Estado que se hubiera podido evitar, o por lo menos reducir, si nuestra administración de justicia fuera más eficiente”, concluye.
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