Con datos de 2008, Medellín apareció este año como la octava ciudad más violenta del mundo. Si la tendencia continúa, nuestra ciudad estará en 2010 entre las 4 ciudades más violentas del planeta.
Una cifra que mirada en términos estadísticos no es mejor (771 h/ 32 hpch en 2007) ni peor que antes (6349 h/ 381 hpch en 1991); pero que observada a la luz de los últimos años y analizada desde la percepción y sensación que hoy se palpita en la ciudad, sí es preocupante, y nos plantea nuevos retos que como sociedad debemos emprender, buscando que el impulso con el que venía Medellín no se detenga.
El primer reto es comprender que después de tres décadas donde diversas estructuras ilegales (Cartel de Escobar, Milicias y Autodefensas) ejercieron cierto mando y hegemonía sobre grupos delincuenciales en el Valle de Aburrá, hoy no existe una supra-organización que conduzca a los más pequeños hacia una estrategia criminal en común, lo que propicia que cada banda, combo y pandilla construya su rumbo, enmarcado en la defensa del territorio, el control de las economías ilícitas y la expansión de su accionar.
Estamos entrando entonces, en una fase donde tenemos que entender y comprender que el crimen organizado y la delincuencia común son los actores que dinamizan la violencia en Medellín, asociados no sólo a negocios como el narcotráfico, sino a otros delitos que les permiten tener poder y generar ingresos.
El segundo reto es replantear las estrategias de intervención que hasta ahora no han dado resultado. Sería importante empezar a analizar la viabilidad de una Subsecretaría en Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobierno, que diseñe, articule e implemente acciones tanto de seguridad ciudadana como de seguridad pública. Asimismo, lograr crear entre las Alcaldías del Valle de Aburrá y con dependencia de la Gobernación, una Dirección Metropolitana en Seguridad que logre articular las acciones que se estén desarrollando desde los gobiernos locales.
De igual manera, y desde una gestión por objetivos, crear Grupos o Unidades Especiales (como el antiguo Bloque de Búsqueda) que con herramientas especiales y en coordinación interinstitucional, permita combatir de manera directa el microtráfico de drogas, los homicidios y los grupos delincuenciales.
Y el tercer reto consiste en recuperar la confianza y actuar de manera clara y pública, logrando que más allá de los intereses o cálculos políticos, tanto el gobierno local como el nacional, como los organismos de seguridad y justicia, se comprometan a luchar de forma articulada y contundente contra el crimen.
Es necesario plantear exigencias a varios actores: A la Administración Municipal, que tardó más de lo esperado en reaccionar frente a lo que estaba pasando, es necesario reclamarle que se conecte con el sentir de los ciudadanos, que recupere la "química" y gobernabilidad perdida, y que no solo se conforme con llevar a cabo el cumplimiento de un Plan de Desarrollo, sino que retome el liderazgo político.
Al Gobierno Nacional, que lidere desde la seguridad democrática un componente especial y enfocado a las problemáticas que están aconteciendo en las urbes colombianas.
Y a los organismos de seguridad y justicia, que superen los celos y temores institucionales para que puedan articular acciones, que sean más creativos y persistentes en la operatividad y que, sobre todo, alrededor de recuperar la confianza, reflexionen, replanteen y adelanten programas de lucha contra la corrupción y faciliten, a través de estrategias puntuales, la denuncia ciudadana.
Si antes pudimos, ¿Por qué ahora no?
*Consultor en Gestión y Políticas Públicas, ex asesor de la Alcaldía de Medellín
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