Tres décadas azotada por el narcotráfico y distintos grupos armados ilegales le dan derecho a Medellín de aspirar a convertirse en la primera ciudad sujeto de reparación colectiva en Colombia.
El proyecto para reconocer a la capital antioqueña como territorio afectado por el conflicto y otras violencias está en marcha y la decisión final en manos del Gobierno, que la revisa a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas.
La iniciativa es liderada por el Comité de Justicia Transicional de Medellín, que integran la Alcaldía de Medellín y entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Jorge Mejía Martínez, consejero para la Convivencia, la Reconciliación y la Vida de la Alcaldía, explica que el proyecto plantea como eje principal la dignificación de las víctimas desde los años ochenta.
"Se reconocería a las comunidades afectadas desde esta época tan violenta como dolorosa para Medellín, que generó múltiples hechos victimizantes y el rompimiento del tejido social en los barrios, afectó el desarrollo social y económico de la ciudad y sembró un miedo que persiste", precisa el funcionario.
Agrega que "incluye a la población que en adelante resultó víctima por la irrupción de las milicias guerrilleras en Medellín, los grupos paramilitares que incursionaron para disputarles territorios y ahora con otros grupos al margen de la ley, como las bandas".
Bajo esta mirada, hechos que marcaron para mal la vida de los habitantes de Medellín, como los atentados terroristas con carrosbomba en cercanías a la plaza de toros de La Macarena, atribuida al Cartel de Medellín, o en el Parque Lleras, podrían ser objeto de acciones reparativas simbólicas y actos públicos de reconocimiento a las víctimas.
No es indemnización
No se trata de indemnizaciones económicas del Gobierno, como en el caso de las víctimas individuales, sino que apunta a reparaciones simbólicas, acciones de memoria histórica y programas concertados con las comunidades afectadas, porque "víctimas de esas violencias fuimos todos en Medellín".
El proyecto también propone una recopilación de los fenómenos de violencia, similar a del Basta Ya, elaborado por el Centro de Memoria Histórica y considerado el estudio más completo sobre el conflicto en Colombia.
Aunque la Ley de Víctimas alienta "la reparación colectiva en las zonas y territorios afectados por el conflicto armado para la consecución de la reconciliación nacional y la convivencia pacífica", es la primera vez que un ente territorial gestiona conseguirla.
Hasta ahora, colectivos víctimas como los sindicalistas, políticos como la Unión Patriótica y comunidades afrodescendientes e indígenas tienen un plan de reparación.
Para Gonzalo Sánchez, Director del Centro de Memoria Histórica, "Medellín se puede considerar un caso ilustrativo de cómo mutaron o se mezclaron múltiples fenómenos de violencia como el narcotráfico y su incidencia en el conflicto armado, cuando esta actividad se convirtió en combustible de los grupos armado ilegales como guerrillas y paramilitares".
Según este estudioso de la violencia en Colombia, la aspiración de Medellín de desarrollar un proyecto de reparación colectiva "responde a una necesidad de que desde las regiones que han padecido la violencia se trabaje en temas de reconciliación, con sus propios enfoques según los hechos víctimizantes y población afectada".
La reparación colectiva no es el único proyecto en marcha. Según el consejero de Reconciliación, Jorge Mejía, durante este año se realizarán asambleas en cada comuna y corregimientos de Medellín con ayuda de la Iglesia. "El objetivo es que cada comunidad construya un proyecto por la reconciliación y la convivencia, que al final permita hacer un gran pacto social".
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