En los últimos dos años se ha preferido negociar con los cabecillas del terrorismo que desmovilizar a la base guerrillera.
Solamente se han desmovilizado 1.402 integrantes de las Farc, de acuerdo con cifras oficiales, que también informan que mientras entre 2002 y 2010 esa agrupación terrorista se redujo de casi 30 mil integrantes, esto es, 17 mil en uniforme y 13 mil milicianos, a 6.800.
Ahora la estiman entre 8 mil y 9 mil. Estos números indican que las Farc se han fortalecido, se ha disminuido el ritmo de desmovilización y ha aumentado el reclutamiento.
Si algo debilitó a los cabecillas del terrorismo guerrillero durante los 8 años de la Seguridad Democrática fue la desmovilización de alrededor de 18 mil integrantes de sus organizaciones y la acelerada declinación de nuevos reclutamientos.
La desmovilización fue generosa pero sin impunidad.
En efecto, la Ley de Justicia, Paz y Reparación no permitía equivalentes al indulto o a la amnistía para delitos como narcotráfico, secuestro, de lesa humanidad, etc.
Y en cuanto a la elegibilidad, nunca se modificó el texto constitucional, que la restringía en estos casos al delito político, puro y simple, sin la grave conexidad con el secuestro, narcotráfico, etc., incorporada peligrosamente en el Marco para la Paz.
Negociar con los cabecillas, además de los riesgos de impunidad, desprotección de víctimas y afectación a los valores democráticos, paraliza la deserción de la base guerrillera. Ojalá el Gobierno pusiera todo el énfasis en la desmovilización de esta base guerrillera.
Reconozco que el mayor problema de la reinserción es la solución laboral, pero hay opciones. Una sería vincularlos como Guardabosques Desarmados, remunerados y supervisados por Naciones Unidas, y que estudien al mismo tiempo, lo que tendría el buen antecedente del programa Familias Guardabosques.
Posdata: Terroristas de las Farc siguen asesinando policías y soldados, cuyas vidas son tan valiosas como las de los civiles. Y aumenta la extorsión, delito menos visible que el secuestro. Y se negocia sin exigir cese de actividades criminales.
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