La cantidad de víctimas del conflicto armado en Colombia parece desbordar la capacidad del Estado para garantizarles asesoría legal. El resultado son defensores públicos con hasta mil afectados para representar en Justicia y Paz.
A la fecha se han registrado en la Fiscalía más de 200.000 víctimas de crímenes atroces que reclaman verdad, justicia y reparación.
María* es una de ellas. Su madre y un hermano fueron desaparecidos por las autodefensas. "Se los llevaron los paramilitares del bloque Metro en agosto de 2000 en Bello y todavía esperamos saber la verdad sobre lo qué pasó con ellos y encontrarlos".
Además de la incertidumbre, la mujer dice que en los últimos meses ha buscado al defensor público que lleva su caso para conocer los avances del proceso, pero no se ha podido comunicar con él. "Lo he llamado pero nunca está o sino dicen que está viajando, porque tiene víctimas que atender en otras ciudades", comentó.
Según Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR, así como María, "la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres, debido a que de cada 12 asesinados 11 eran hombres. A eso que el 90 por ciento de las víctimas provienen de los estratos 1 y 2 y no tienen recursos para pagar los servicios de un abogado".
Para Pizarro, la insuficiencia de defensores públicos es uno de los problemas que afronta el proceso. "Tener defensores con 500 o más víctimas a su cargo desborda la capacidad de cualquiera, por eso desde la CNRR gestionamos que se aumente el presupuesto de la Defensoría del Pueblo".
Gabriel López, coordinador del Área Jurídica de la oficina de Víctimas de la Alcaldía de Medellín coincide con que se necesita mayor atención del Estado.
Advierte que han conocido casos de defensores que no se presentan a las versiones libres o que desinforman a las personas.
"Muchas víctimas llegan a nuestra oficina desinformados de sus derechos y nuestra labor es asesorarlos sobre las rutas de reclamación -sostiene López-. En esta tarea hemos advertido que hay abogados que solo ven el proceso hasta la reparación económica y no ilustran sobre las otras dimensiones, como la rehabilitación, la verdad y la memoria. Así no hay una defensa digna".
La respuesta a esta problemática ha sido, hasta ahora, la representación legal de las víctimas por parte de abogados de fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales, como colectivos de abogados.
Faltan recursos
Para un fiscal de Justicia y Paz, quien pidió reserva de su nombre, el problema de la Defensoría Pública es claro. "No tiene los recursos económicos ni el recurso humano suficiente". La Defensoría del Pueblo reconoce que el número de defensores públicos no es suficiente, pero aclara que este servicio no se puede medir solo por la relación numérica entre abogados y víctimas.
"Un defensor puede tener cientos de poderes, pero hay procesos que están en versión libre, otros en audiencia y algunos que ni siquiera han empezado. El defensor contacta las víctimas a medida que avanzan los casos en Justicia y Paz", indicó Patricia Luna, directora de la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría del Pueblo.
La funcionario agregó que en la actualidad la Defensoría cuenta con 130 defensores públicos en las ciudades con tribunales (Medellín, Bogotá y Barranquilla) y en seis ciudades donde hay versiones libres.
"Desde ya se gestiona con el Gobierno una asignación presupuestal para ampliar a 500 la nómina de abogados defensores para el próximo año", añade.
En Antioquia, donde hay registradas 76.000 víctimas, la Defensoría Pública cuenta con 25 abogados que representan a 23.000 de ellas. En 2010 aspira llegar a 50 defensores para cumplir mejor su labor.
La falta de defensoría pública lleva a otra situación igual de compleja y es el abuso que algunos abogados hacen de las víctimas cobrándole honorarios exagerados o exigiéndole plata por trámites que son gratuitos.
*Nombre cambiado
Pico y Placa Medellín
viernes
no
no
