Las denuncias que formuló en días pasados el abogado Ramiro Bejarano sobre el presunto ingreso de más de 730 millones de pesos en las cuentas bancarias de la excontralora Sandra Morelli provenientes del extranjero motivaron el inicio de una investigación de la Fiscalía para establecer el origen de esos recursos.
Según información que recoge Colprensa, los movimientos de dinero se habrían efectuado entre 2009 y 2014 y habrían sido trasladados a cuentas en las Islas Caimán, Suiza, Panamá y también una operación financiera en Italia.
Al responder a la denuncia de Bejarano, Morelli publicó su declaración de renta y aseguró que "no encontrarán un solo centavo de mi pecunio injustificado (...) Se trata de recursos que fueron pignorados para garantizar créditos recibidos por la misma entidad bancaria en Colombia. Nótese que en las cuentas de Panamá y Caimán, la entidad financiera es Bancolombia".
A esta investigación se suma la que inició la Auditoría sobre el pago que hizo Morelli con recursos públicos a dos empleados de confianza a los que remuneró con salarios superiores a los normales y sin que cumplieran los perfiles para el cargo.
Y la de la Fiscalía que le imputará cargos por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido al celebrar el contrato de arrendamiento de la sede de la Contraloría.
Ayer el procurador Alejandro Ordóñez criticó a la Fiscalía por filtrar informaciones reservadas. "Aquí debemos recordar que filtrar informaciones es un delito. No se puede romper la cuerda por la parte más débil: masacrar a la señora excontralora por una circunstancia a la cuál fue presionada, a la cual fue, si se quiere, presionada (salir del país)".
El procurador Ordóñez indicó que no está justificando la salida de Morelli, pero insistió en que si bien los funcionarios deben responder por sus actos, "los órganos judiciales tienen deberes. La reserva es una pieza de arqueología jurídica y aquí no existe la reserva, se instrumentalizan los medios para enviar mensajes grotescos que se convierten en escenarios donde aparecen órganos judiciales como instrumentos politizados", dijo.
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