El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, afirma que avanza a buen ritmo la reforma a la rama judicial. La desaparición del Consejo Superior de la Judicatura y el restablecimiento del Ministerio de Justicia son algunas de las tareas clave de ese proceso.
Algunos juristas dicen que fue un error crear la Corte Constitucional, ya que la Corte Suprema de Justicia funcionaba tan bien con su Sala Constitucional...
"La Corte Constitucional ha cumplido un papel trascendental al unificar jurisprudencia de orden constitucional. La reforma del Congreso prevé normatividad en aquellos aspectos que han suscitado el llamado choque de trenes. Eso ha ocurrido, particularmente, en un tema: en la procedencia o no de tutelas con trascendencia de cierre emitidas por las altas Cortes y por eso, como parte de la reforma que será llevada al Congreso, que contiene tres elementos normativos esenciales en materia de descongestión, en materia de seguridad jurídica y superar algunos aspectos de orden institucional, lo que proponemos es que este tema de la tutela finalmente sea reglado con rango constitucional. Al igual que la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, para que sean la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado quienes orienten con plena autonomía a la rama".
¿Es necesaria la supresión del Consejo Superior de la Judicatura?
"Este órgano está integrado por dos salas: una de funciones disciplinarias y la otra con funciones administrativas. En todos los trabajos que a lo largo de estos años expertos en la materia han preparado, siempre surge la recomendación de que en el manejo de la administración del aparato judicial haya una participación más directa de quienes se desempeñan en esas funciones. Por eso, la propuesta del Gobierno es la creación de lo que llamamos el Consejo Superior, que sin necesidad de ningún aparato burocrático le permita a la Corte Suprema, al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional integrarlo, designando un gerente para la rama. Es mucho más útil centralizar en una sola persona la administración de la rama. En lo que tiene que ver con las funciones disciplinarias, también acogemos las recomendaciones que se han hecho para que éstas se ejerzan de superior a inferior jerárquico".
Usted ha insistido en el respeto que le tiene al Presidente, pero ha habido decisiones que usted ha sugerido y terminan por concretarse. ¿Tiene aspiraciones presidenciales?
"Yo no tengo una agenda propia, de ninguna manera. Tengo unas competencias propias como Ministro del Interior y una de ellas es sugerir, proponer y presentar un conjunto de reformas a la rama jurisdiccional. Por demás, una iniciativa que desde el año 2002 ha naufragado en varias ocasiones, con diferentes criterios y posiciones. El proyecto que se llevará a la comisión interinstitucional es el mismo que el Presidente presentó en los encuentros de las jurisdicciones ordinarias y en su propia visita a la Cortes".
¿Está listo el presupuesto para la Ley de Víctimas y qué vigencia tendrá?
"La viabilidad económica ya fue suscrita por el ministro de Hacienda. Este es un esfuerzo que compromete 15 años de vigencias, de manera que los recursos que demanda la ejecución del proyecto no se ejecutarán ni en un año ni en dos ni en tres. La ley tendrá que ir priorizando a determinados sectores y grupos vulnerables. Pero en cuanto a la capacidad fiscal del Gobierno para atender el cumplimiento de la Ley, el Ministro de Hacienda ha sido categórico. El Gobierno ha empleado sumas cuantiosísimas, que pueden llegar a los 2 billones de pesos mensuales. En el segundo aspecto, el contenido de la ley deberá fijar un grupo poblacional determinado en el tiempo que en el pasado haya sido víctima y poner restricciones a la posibilidad de solicitar la inclusión en el programa. Esto no puede ser indefinido ni hacia el pasado ni hacia el futuro".
El exministro del Interior, Fabio Valencia, dijo que la intervención a la Dirección Nacional de Estupefacientes venía desde el Gobierno anterior, ¿por qué se muestra como un hecho nuevo?
"El director designado por el presidente Santos encontró numerosas situaciones anormales que el país no conoce. Tomó la decisión de solicitar a los organismos de control y a la Fiscalía que procediera a investigar. Esperemos el resultado. En el pasado se formularon denuncias, pero nosotros encontramos situaciones graves que no se habían remediado. Cuando llegué al Ministerio pregunté por el inventario de bienes y encontré que el sistema a través del cual se maneja estaba totalmente adulterado. Personas particulares podían acceder al mismo, sustraer el patrimonio de la entidad y adulterar información esencial en el manejo de la misma. Se suscribió un documento para garantizar la seguridad del programa Faro, donado por el Gobierno de Estados Unidos, pues lo que encontramos es que dicho contrato nunca se ejecutó. Su costo fue de 3.900 millones de pesos y el manejo de los bienes se adelantaba de manera desordenaba y se prestaba para indelicadezas, cuando no para delitos".
¿Cuándo se va a aprobar la reforma a la justicia para crear el Ministerio independiente?
"Muy pronto. La solicitud al Congreso para que se le otorgara al Gobierno facultades extraordinarias va a permitir restablecer el Ministerio de la Justicia y crear el ministerio de la Vivienda y del Trabajo. Ya hizo su tránsito en la Cámara y fue aprobado en comisión primera del Senado. Le resta aprobación en plenaria. Antes de que termine la legislatura, el Gobierno tendrá las facultades para crear estos tres ministerios y reformar el sector central de la administración pública".
¿No sería lógico que se incorporara Ministerio de Cultura a Ministerio de Educación?
"Fui ponente de las facultades que se lo otorgaron en el 2003 al anterior Gobierno, bajo el concepto del ahorro fiscal, para que fusionara algunos ministerios, pero la experiencia que tuvimos en estos años nos demostró que, lamentablemente, ese ahorro no ocurrió".
¿Qué está pasando con el Inpec que no consiguen una persona que asuma en propiedad?
"Se abrió un proceso en el que cualquier colombiano puede participar. Se adelanta con una empresa cazatalentos. Hay dificultades por varias circunstancias: el Gobierno desea que esa persona sea un gerente de condiciones extraordinarias en materia administrativa, pero también tenemos la limitación de que una ley exija que esa persona sea criminalista. Por demás, algunas de las personas que podrían tener esos requisitos no han aceptado. Es una entidad de muy difícil manejo. Existen 22 sindicatos, más de 1.200 aforados, tomar decisiones internas es sumamente complejo".
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