Después de más de dos años, el Congreso de Estados Unidos aprobó la nueva ley agrícola 2014-2018. La nueva ley (Farm Bill) incluye la supresión de los pagos directos a los productores y afecta el programa de subsidios a la alimentación, que ha sido un pilar fundamental de apoyo a las familias pobres.
La nueva ley termina con los subsidios agrícolas directos que no tenían conexión directa con la producción ni con las ganancias, pues eran acordados en función de la superficie que poseía un productor. Esto significaba que para ser objeto de dicho subsidio no importaba que dichas tierras no fueran cultivadas. Este subsidio tenía otra característica muy atractiva: los pagos se hacían en efectivo.
La ineficacia del subsidio y su falta de focalización llevaron a que el mismo se les pagara a personas que ya no trabajaban en sus predios, pues los habían rentado o habían migrado a las ciudades. En otras palabras, a estos productores el Estado les paga una renta por ser propietarios de tierra agrícola.
Este programa, además de representar un alto costo para el presupuesto estadounidense, no incorporaba ningún concepto de equidad, pues aún los agricultores más ricos eran beneficiarios de los mismos. Además, el nuevo escenario de precios agrícolas al alza dificultaba la defensa política de un subsidio poco eficaz e inequitativo.
Los mecanismos de apoyo que trae la nueva ley agrícola tienen que ver con los sistemas de garantías contra la caída de los precios o los ingresos y los programas subvencionados de seguros a la producción. Algunos analistas consideran que bajo el nuevo esquema no sólo se asegura el ingreso de los agricultores, sino que resulta difícil perder dinero en los negocios agrícolas.
Por ejemplo, en el caso del sector lácteo se estableció un programa de protección de márgenes que asegura los ingresos de los productores aún en un escenario de precios deprimidos de la leche.
Por ello es que los diferentes sectores agrícolas se muestran satisfechos con el contenido de la nueva ley. También contempla una disminución del presupuesto del emblemático programa de bonos alimentarios que ha sido un pilar muy importante del sistema de protección social estadounidense, especialmente para los grupos de más bajos ingresos. Se estima que con este programa se benefician alrededor de 48 millones personas. El programa ahora se denominará Programa de Asistencia en Suplemento de Nutrición (SNAP).
Adicionalmente, la ley agrícola incorpora el apoyo a la conservación de tierras con un valor estratégico y se estimula el desarrollo de nuevas formas de energía renovables.
Con los ajustes a los anteriores programas y la inclusión de los nuevos esquemas de apoyo, el costo de la nueva ley se estima en 956.400 millones de dólares para un período de cinco años.
El reacomodo de los subsidios agrícolas en Estados Unidos no sólo responde a un problema presupuestal sino al hecho de que la tendencia mundial es a reemplazar dichos subsidios por inversiones en los denominados bienes públicos. En esto Colombia tiene mucho que aprender.
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