El Estado colombiano debe proteger a los sectores más pobres contra el impacto negativo que los acuerdos de libre comercio pueden tener en temas como el precio de los medicamentos, según un comité de expertos en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
En las conclusiones de su última reunión, hechas públicas ayer, ese grupo recomienda a Colombia "considerar la revisión de las disposiciones sobre propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para garantizar una protección contra el aumento del precio de los medicamentos, en particular para aquellos de bajos ingresos".
El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU apunta también su preocupación por la persistencia de la producción y el tráfico de drogas en Colombia, así como por su condición de "importante procesador y exportador de cocaína, a pesar de los esfuerzos por erradicar la producción ilícita de coca".
Menciona los efectos negativos de la fumigación aérea -medidas contra el narcotráfico- en la seguridad alimentaria, en la salud y en los medios de subsistencia de las poblaciones.
Protección a sindicalistas
De otra parte, el comité de la ONU se declara "alarmado" por los continuos asesinatos de sindicalistas, que además -recuerda- también "son víctimas de varias formas de amenazas y violencia".
Asimismo, denuncia las violaciones y asesinatos de mujeres y niñas, actos que son perpetrados en buena parte de casos por grupos armados ilegales y las fuerzas armadas, a pesar de las medidas legales adoptadas para intentar detener esta situación.
En otro pasaje de su informe sobre Colombia, los expertos afirman que los niños siguen siendo víctimas de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados rebeldes -incluso a través de campañas realizadas en los colegios-, así como de los paramilitares.
Los menores, agregan, también son víctimas fáciles durante asaltos armados, de homicidios, de minas antipersonales o del fuego cruzado en enfrentamientos.
El Comité aborda aspectos como la conveniencia de elevar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio (actualmente, de 14 años con consentimiento de los padres), de mejorar el registro de nacimiento (el 20 por ciento no está registrado) y de privilegiar la producción nacional de alimentos en su política agrícola.
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