Una vez desmovilizadas las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el país conoció, por la Ley de Justicia y Paz, las atrocidades que los grupos armados cometían —cometen— contra las mujeres: mutilaciones, violaciones, abortos, torturas, asesinatos públicos. El modelo de justicia transicional reveló que en 21 de los 32 departamentos del país los paramilitares cometieron delitos sexuales: se han conocido 624 casos de abuso físico, tortura psicológica y esclavitud.
Y lo que se conoce es poco. Y el conflicto armado continúa. Buenaventura —donde el presidente Juan Manuel Santos estuvo a principios de año haciendo un consejo de seguridad por la violencia creciente, el desplazamiento, las llamadas casas de pique donde descuartizan y desaparecen gente— es una de esas ciudades donde las mujeres sufren la persecución por ser madres, por ser hijas, por ser líderes, por hacerle frente a la violencia. Allá, la Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro ha ayudado a más de 1.000 mujeres víctimas del desplazamiento y de abusos sexuales.
Por su trabajo, a la Red Mariposas se le entregó ayer el Premio Nassen de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), reconocimiento para las personas u organizaciones dedicadas a la atención a refugiados y desplazados internos. Una tarea difícil en Colombia, teniendo en cuenta que para 2013, y según Acnur, el 60 por ciento de los desplazados se concentró en 13 municipios, incluyendo a Buenaventura.
Mujeres, mayores víctimas
Según un reciente informe del Consejo Noruego para Refugiados, y llamado sin eufemismo: Buenaventura, Colombia: Realidades Brutales, la violencia sexual es una práctica sistemática y generalizada en el conflicto armado colombiano: las mujeres representan el 51,2 por ciento del total de las víctimas; y en delitos contra la libertad y la integridad sexual las mujeres representan el 86 por ciento.
El trabajo de Mariposas en Buenaventura, donde las bandas criminales —neoparamilitares— "La Empresa" y "Los Urabeños", representan la zozobra constante de las amenazas, es difícil. Ellas ofrecen apoyo personalizado a las víctimas de abusos y llegan a las comunidades para educar a las mujeres y presionar a las autoridades para que defiendan los derechos de las mujeres. Mediante talleres también les enseñan conocimientos prácticos que les permitan ganarse la vida y conocer sus derechos.
Maritza Asprilla, líder que representa a la organización, deja las cifras y cuenta que "muchos de los integrantes de estos grupos violan a mujeres y niños con el fin de demostrar su dominio", por lo que "nosotras respondemos especialmente a la violencia sexual que se ha ejercido".
Mery Medina, otra de las voceras, dice que en la red son "comadres y nuestras ahijadas son las víctimas que llegan a la ciudad, muchas de ellas siendo aún muy jóvenes". Y la tarea no es fácil, no solo por las amenazas, según Gloria Amparo Arboleda, otra coordinadora, "nuestro mayor obstáculo es el mismo Estado, puesto que las entidades del Gobierno y su burocracia exigen muchos trámites para que haya justicia y obtener nuestros derechos".
En Buenaventura, Colombia: Realidades Brutales, una víctima cuenta: "Una noche mientras dormíamos un integrante de un grupo armado ilegal, muy amigo de mi esposo, se metió armado y me violó, amenazó con matar a mi esposo y a mis hijos. Regresó en repetidas ocasiones y me obligaba a estar con él, bajo amenazas de muerte contra mis hijos, era una zozobra tener que acostarse con quien no quieres… era tu vida o tu vida".
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