El destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo este viernes desde el Palacio de Liévano a más de 20.000 seguidores, que el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le quiere quitar las facultades constitucionales al Presidente Juan Manuel Santos.
“Lo que quiere el Procurador es hacer un golpe de estado, porque le quiere quitar las facultades al Presidente Santos (…) El Procurador rompió la Constitución y rompió la ley, intenta dar un golpe de Estado”, puntualizó Petro Urrego.
El mandatario distrital dijo que se reunirá con el Jefe de Estado para pedirle permiso de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y le dirá que “no se deje vaciar de contenido sus competencias constitucionales”, porque el Procurador “le está vaciando las competencias constitucionales al Presidente de la República porque no quiere la paz”.
En su discurso anunció que el próximo miércoles visitará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar su caso. “El miércoles 18 de diciembre he sido invitado a hablar con el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos”.
Indicó que en su visita “la máxima justicia a nivel de América podrá escucharme y comenzará su reflexión para tomar decisión”, y agregó que ese diálogo se debe al apoyo que le dieron los miles de bogotanos al reunirse en la Plaza de Bolívar.
Petro explicó que en la Convención Americana dice que “el alcalde puede ser destituido por juicio penal, no por acción administrativa”, y que de no ser así Colombia debería salirse de esa Convención.
Por dicha razón, le pidió al presidente Santos que “como jefe de Estado debe hacer respetar la paz y la democracia. Está obligado a que se cumpla la Convención Interamericana y su artículo 23”, y decirle “con mucho respeto” al señor Procurador que “usted no es un juez”.
Cuestionó también que “¿cómo podría el Presidente permitir destitución y garantizar el segundo acuerdo con las Farc?, refiriéndose a los acuerdos de Derechos Humanos firmados por Colombia en la Convención y que han permitido avances en el proceso de paz que se adelanta en La Habana.
Acompañado de los líderes de la Guardia Indígena, a quienes les pidió ayuda para cuidar el Palacio Liévano durante todo diciembre, explicó que el fallo proferido indica que la falta “fue contra la propiedad privada, por no renovar los contratos a cuatro poderosos en el aseo”.
“Con la movilización hemos ganado que el mundo nos está mirando”, dijo el destituido alcalde, y agregó que “fue a través del miedo y la censura como vivimos una de las peores violaciones de derechos humanos”. Señaló, también, que de no ser por las movilizaciones “clamando democracia” no se podría conocer lo que está pasando en la capital del país.
Esta es una gran experiencia, porque los ilegales quedan notificados de que “nunca más volverá a haber silencio”.
Por otro lado, recordó el trabajo realizado en su gobierno con las trabajadoras sexuales, los habitantes del 'Bronx', los enfermos por consumo de drogas y las comunidades más humildes. En ese sentido fue crítico al decir que “aquí en este gobierno tenemos unas prioridades: incluir al que siempre habían excluido, y por eso nos sacan de aquí”.
Resaltó que los bogotanos rechazan la destitución y quieren que la Bogotá Humana continúe, y concluyó diciendo que se presentaron marchas desde todos los lugares de Bogotá, y una gran concentración en la Plaza de Bolívar en las cuales “no se produjo un solo acto de violencia”.
Finalmente, anunció que el movimiento debe tener dos objetivos: "mantenerse el año entrante y lograr que sea nacional", y agregó que "el 10 de enero volveremos a llenar esta plaza".
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