La prevalencia de los derechos de los niños en el Estado colombiano es el principal argumento que llevó a los voceros de los partidos políticos en la Cámara de Representantes a radicar una reforma constitucional que permita la cadena perpetua para los delitos que vulneren los derechos fundamentales de los menores de 14 años.
Este acuerdo político, promovido por el presidente de la Cámara, Germán Varón Cotrino, se produjo tras el asesinato del bebé Luis Santiago Lozano, en Chía, a manos de su propio padre, hecho que motivó a varios legisladores a anticipar este debate y agilizar el estudio de la viabilidad de la implementación de la pena.
El proyecto busca adicionar un parágrafo en el artículo 34 de la Constitución señalando que “procederá hasta la prisión perpetua para los delitos contra la vida y la integridad personal, contra la libertad individual y otras garantías, contra la libertad, integridad y formación sexuales, contra la familia, cometidos contra personas menores de 14 años”.
Aunque la iniciativa contaría con el respaldo de las bancadas en la Cámara de Representantes, paralelamente en el Senado se han hecho reparos a la implantación de la prisión perpetua al considerar que el aumento de penas no son políticas adecuadas de prevención.
Incluso, el Presidente del Congreso, Hernán Andrade, dispuso una comisión accidental, conformada por senadores de distintas bancadas, para analizar su viabilidad en el establecimiento jurídico colombiano.
El senador Héctor Helí Rojas, por ejemplo, estudia la presentación de una ponencia negativa a esa iniciativa, precisamente con el argumento que el aumento de penas no es una solución definitiva.
Gina Parody y Juan Carlos Vélez (La U), Javier Cáceres (Cambio Radical), y Juan Manuel Galán (P. Liberal), por ejemplo, son otros senadores que han coincidido que la cadena perpetua “no sería la solución más adecuada a las conductas que atacan los derechos de los niños, y más que al aumento y severidad de las penas, se debe obligar a poner mayor atención a las causas que las están generando”.
Sin embargo, los impulsores de la cadena perpetua, como el representante Simón Gaviria (Por el País que Soñamos) insisten en que si el argumento es que ninguna sanción, ni mínima ni drástica, persuade para que no se cometan delitos contra menores, quienes incurran en ellos “deberán ser aislados de la sociedad por ser un riesgo para ella”.
Política de Estado
El proyecto radicado en la Cámara de Representantes pretende establecer una “política de Estado a favor de los niños” que permita protegerlos decididamente de cualquier vulneración a sus derechos, de igual forma pretende la implementación progresiva de medidas y políticas preventivas para impedir trasgresión y sobre todo reincidencia.
“Al establecer una excepción a la prohibición de imponer la pena de prisión perpetua, considerando que los delitos que se enuncian en el artículo 34 merecen el repudio total de la sociedad, por afectar su núcleo mismo y abren la posibilidad al Juez para que previa ponderación de la gravedad de la conducta, las características del delincuente y el daño físico moral ocasionado a la víctima, decida la imposición del máximo castigo consistente en la pena de prisión perpetua”, señala el proyecto.
Los firmantes de la iniciativa coinciden en que esta norma no iría en contravía de los tratados internacionales a los cuales está suscrita la legislación colombiana, pues en ellas no existe prohibición alguna de imponer la prisión perpetua como máximo castigo, “todo lo contrario, hay compromisos internacionales que exigen a los Estados fortalecer las penas y los sistemas penales existentes, mas cuando se trata de delitos cometidos en menores de edad”.
Por ejemplo, señalan los representantes a la Cámara que la Corte Penal Internacional puede imponer a la persona declarada culpable de los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y agresión, la pena de reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado.
Y además, explican que en virtud del Tratado de Roma, “Colombia aceptó la posibilidad de imponer la pena de prisión perpetua a sus nacionales, siendo ésta procedente y jurídicamente viable y conforme a nuestro ordenamiento, toda vez que por el bloque de constitucionalidad (Art. 93 C.N) dicho tratado se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico”, según señala el proyecto.
Recolección de firmas
El representante Simón Gaviria manifestó que al radicar el proyecto se le daría urgente estudio a la discusión de implementar la cadena perpetua en el país. Sería el tercer intento de esta iniciativa.
Simultáneamente avanza una iniciativa popular de recolección de firmas para tramitar un proyecto de ley que convoque a un referendo, mecanismo que busca consultar a la ciudadanía si aprueba o no que en Colombia se imponga la máxima pena de prisión para quienes incurran en casos de violación, maltrato y abuso de menores.
Este referendo, dijo Gaviria, seguirá su curso a pesar de la presentación del proyecto, y sólo se detendría si el Congreso aprueba la cadena perpetua. El representante se mostró confiado en que la iniciativa pueda superar su primera vuelta, es decir cuatro debates, dos en Cámara y dos en Senado, pese a la acumulación de reformas constitucionales, varias de ellas impulsadas por el Gobierno, como las reformas política y de justicia.
