En el año 2002 el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo, en la actualidad prófugo de la justicia, iniciaron un proceso para dar marco jurídico a la desmovilización de los grupos armados ilegales.
Este marco legislativo fue instaurado como la Ley 975 de 2005 o la Ley de Justicia y Paz, que en 2008 se puso a prueba con algunos de los comandantes desmovilizados de las AUC que se acogieron a los beneficios. Para estos líderes sus penas eran entre cinco y ocho años, máximo.
Las condiciones para esto eran la aceptación de los crímenes cometidos, la colaboración con la justicia, el reintegro de los bienes y contar toda la verdad, entre otras, para poder aportar a la reconciliación.
Algunos de los comandantes tuvieron que ser extraditados a Estados Unidos ya que siguieron delinquiendo desde las cárceles, mientras que otros, que se quedaron en prisiones colombianas, están por salir, ya que ocho años después sus penas se van a cumplir.
Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán", está entre los miembros de las AUC que seguramente quedará en libertad este año. Rendón era el jefe del Bloque Élmer Cárdenas, que operó en el Urabá y se cree que sólo en las cuencas del Atrato, por lo menos 600 civiles muertos y unos 20 mil desplazados pueden ser atribuibles a las operaciones de este exparamilitar. Escalofriante.
El Alemán también es responsable del proyecto político que puso a candidatos en diferentes alcaldías y asambleas de Antioquia, Chocó y Córdoba, gracias a las armas, fuerza y el dinero del paramilitarismo.
Este macabro líder caminará de nuevo libre por las calles y, tomando su caso, la pregunta que surge es si ha habido verdad, justicia o reparación en estos ocho años.
No.
La razón para eso es que pese a que los paramilitares se desmovilizaron, el paramilitarismo, nunca lo hizo y simplemente cambió de nombre. Y eso ha hecho que la paz sea imposible en algunas regiones, la verdad haya sido hasta ahora a medias, la justicia lenta y la reparación casi nula.
Aunque las versiones que han entregado los desmovilizados han ayudado a encontrar fosas y han aclarado algunos crímenes, el sistema judicial no ha emprendido acciones en contra de algunos políticos, empresarios y compañías que han sido salpicados por las declaraciones de estas personas acogidas a la Ley.
En el tema de reparación, la decepción es aun mayor, ya que la mayoría de los paramilitares han mantenido sus redes de bienes y grandes tierras por medio de testaferros, lo que quiere decir que millonarias fortunas los esperan a la hora de quedar en liberad. El balance ocho años después no es bueno. Y eso es una lección importante para el proceso de paz con la guerrilla que lidera el presidente Juan Manuel Santos donde no puede pasar lo mismo.
La solución no está en suspender la negociación, como propone el expresidente Uribe, sino en hacer un proceso estructurado, al contrario del que firmó él con los paramilitares, que asegure, sobre todo, la paz sostenible y el fin de la guerrilla.
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