El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó a la Corte Constitucional que respalde la prohibición del porte y consumo de la dosis mínima de droga en Colombia.
Según el jefe del Ministerio Público se debe declarar la exequibilidad del acto legislativo 02 de 2009, por el cual se reformó el artículo 49 de la Constitución Política, relativo a la salud y el saneamiento ambiental, que señala de manera expresa dicha prohibición.
En el concepto radicado ante la Corte Constitucional, el Procurador dijo que las personas que portan y consumen drogas no solo afectan su salud sino que afectan la de la comunidad, con lo cual se incumple un claro deber constitucional.
"Se debe prohibir el porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, salvo prescripción médica, no es restrictivo del derecho fundamental de la libertad y la autonomía personal y, por el contrario, su texto se ajusta a la Constitución Política. Además, instrumentos internacionales comprometen a los Estados en la lucha contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas", precisó Ordóñez Maldonado en su concepto.
Para el Procurador General las drogas ilícitas y el narcotráfico han generado costos económicos para sociedad, algunos de tipo económico como la organización de fuerzas policiales, sistemas judiciales, tratamientos sanitarios y programas de rehabilitación.
Así como otros no económicos "como el elevado costo en vidas, violencia, deterioro de la vida comunitaria, miedo y posibilidades colectivas malogradas".
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