El Procurador General de la Nación consideró que el Congreso de la República debe crear una ley de intervención económica relacionada con la fijación de los precios de los combustibles.
El pronunciamiento de Alejandro Ordóñez Maldonado está consignado en un concepto enviado a la Corte Constitucional a propósito de una demanda contra del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 que creó el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles en Colombia.
Allí, Ordóñez señala que esta norma es necesaria para evitar paros como los recientemente realizados por cafeteros y camioneros del país argumentando sobrecostos en materia de precios de combustibles.
Para el Ministerio Público, se entiende que cuando ocurran bajas impredecibles de los precios internacionales de los combustibles es válido hacer bajas graduales del precio de referencia de la gasolina, y que el Gobierno observe el comportamiento internacional de los precios de los combustibles para evitar traumas económicos por el 'efecto rebote' en los precios internacionales.
"Lo que NO resulta válido es que se utilice la diferencia negativa como una constante desproporcionada o alejada del comportamiento real de los precios internacionales de los combustibles para obtener recursos públicos de una manera vedada o indirecta, porque esto va en contra de la justicia tributaria, la libre competencia económica y de los derechos de los consumidores, porque encarece la canasta de consumo y la base gravable de los impuestos que se pagan con el precio de la gasolina, amén de hacer menos competitivo el sector productivo interno frente al internacional por aumentarle sus costos de producción", dice el concepto.
Además, señala que ya es "bastante el sacrifico" del productor y del consumidor al pagar el precio de los combustibles a los precios internacionales "como para adicionarle gravámenes no creados por el legislador, cuando en otros países, especialmente en aquellos con los cuales Colombia tiene relaciones comerciales, el precio de los mismos se subsidia".
En el concepto, la Procuraduría pide a la Corte que se declare inhibida para pronunciarse por falta de certeza en la formulación de cargos de la demanda.
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