Decía el jurista colombo-americano Pablo De Greiff, en los "Diálogos con el Mundo" de la Corte Constitucional, que "ningún país de la Tierra ha alcanzado la verdad completa, la reparación total, ni la justicia plena" en los procesos de justicia transicional que buscan un equilibrio entre lograr la paz y juzgar a los grupos criminales culpables, muchas veces, de delitos contra la humanidad.
El reto que asumió Colombia con la Ley de Justicia y Paz fue hercúleo. Quizás demasiado para nuestra estructura institucional. Y ya ni se diga para nuestra Rama Judicial.
Tanto la Fiscal General como el Ministro de Justicia han ilustrado las tremendas falencias en la aplicación efectiva de estas normas, con el riesgo inminente de impunidad.
La OEA, a través del siempre locuaz Baltasar Garzón, ha entregado un documento con recomendaciones para que ese proceso de justicia transicional arranque ya en Colombia.
Apura, con razón, a todas las instituciones para que se comprometan más con el cumplimiento de la ley, el alcance de la verdad, el juzgamiento a los agresores y la reparación a las víctimas.
Pero lo que no cuadra es la recomendación de traer desde E.U. a los exjefes "paras" para que cooperen y digan la verdad, cosa que nunca quisieron hacer estando aquí con todas las gabelas y oportunidades.
¿Ingenuidades de Garzón?
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