La muerte el pasado 17 de agosto de la odontóloga Tatiana Andrea Posada Jiménez volvió a reactivar el rumor: hay médicos generales que están realizando operaciones que solo deberían hacer los cirujanos plásticos.
La denuncia la hizo el concejal Bernardo Alejandro Guerra, en lo que denominó un cartel de cirujanos fantasmas que están poniendo en riesgo la vida de los pacientes y el nombre de Medellín como destino de turismo de salud.
Práctica en la que, además, participan algunas instituciones médicas.
El edil señaló, en rueda de prensa, que elevó un derecho de petición a la Dirección Seccional de Salud, para obtener información "sobre las investigaciones contra el médico Carlos Alberto Ramos Corena quien realiza procedimientos como cirujano plástico en Medellín, en las clínicas Quiruestetic y La Aguacatala".
En su página web, sin embargo, Ramos Corena se presenta como cirujano estético, una especialidad que no existe en el país, tal como lo afirma el presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica (SCCP), Juan Hernando Santamaría,
"Son cuatro años de estudio: cirugía de quemados, de reconstrucción de miembros, craneofacial, desfigurados y cosmética como un último item", dijo Santamaría al explicar el proceso de formación de un cirujano plástico.
Lamentó, además, que en el país no haya una reglamentación de las especialidades médicas, lo que permite que existan estos esguinces a la norma, en los que médicos sin la formación adecuada ofrecen servicios que no están en capacidad de prestar.
"Se afecta la ley de ética médica: los médicos ejercerán la medicina de acuerdo a sus conocimientos. No es solo ejecutar un procedimiento, sino saber reconocer las complicaciones a tiempo y saber atenderlas", anota.
El cartel de fantasmas
Tatiana y sus familiares siempre se entendieron con Ramos Corena. Él los atendió, le hizo el pre y el posquirúrgico, sin embargo, en los registros clínicos quien figuró operando fue Ana María Socarrás, esta sí cirujana plástica registrada en la SCCP, dicen sus familiares y demuestran los documentos.
También aparece en otros formularios la firma de la cirujana Lisbeth Vincent, agregó el concejal.
Por eso las denuncias que resurgieron tras el deceso de Tatiana Andrea inquietan al presidente de la seccional Antioquia de la SCCP, Juan Esteban Sierra.
Médicos de otras ciudades firmando operaciones en Medellín, personas presuntamente inexpertas realizando intervenciones complejas, malas praxis y resultados fatales no son asuntos para pasar por alto.
Al doctor Sierra le preocupa no solo la suplantación de los cirujanos plásticos, sino también que haya instituciones que permitan que se realicen dichas suplantaciones y anestesiólogos que no denuncien estos casos.
Sierra también señaló que se requiere de más acción por parte de la Dirección Seccional de Salud (DSSA).
Al respecto, la directora de calidad de la red de servicios de la Dirección, Paola Andrea Salazar, señaló que esta dependencia realiza periódicas evaluaciones a las diferentes clínicas, pero que en sus visitas de inspección y vigilancia no han evidenciado la práctica que señala Guerra Hoyos.
"Hemos hecho, incluso, visitas sorpresa, pero encontramos especialistas operando", indicó la funcionaria.
Ante la ley
Los familiares de Tatiana llevaron el caso ante la Fiscalía, el tribunal de ética médica de Antioquia, la DSSA y la SCCP seccional Antioquia, con el ánimo de que no se repitan situaciones similares, y que sean los médicos de cada especialidad los que realicen los procedimientos de acuerdo con su formación y experiencia.
A los pacientes, además, les queda también una sugerencia: recabar la información del cirujano que los va a operar, para saber que están en las manos idóneas.
Actualización de la información
A casi seis años de la muerte de Tatiana Andrea Posada Jiménez, el proceso no termina. La familia de la víctima apeló la decisión en primera instancia que ordenó devolver el expediente y negar las pretensiones de la familia, que solicitaba una indemnización económica por la pérdida. La decisión fue tomada el pasado 27 de abril de 2017 el Juzgado 41 administrativo del circuito de Bogotá, en la demanda que además cobijaba a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la clínica Quirustetic, la cirujana Ana María Socarrás, el Médico Ramos Corena y el anestesiólogo. La juez del caso consideró que la petición de reparación económica no podía concederse “toda vez que no se logró probar los elementos de responsabilidad” de los demandados. Tatiana murió el 17 de agosto de 2011, cuatro días después de una cirugía practicada en la citada clínica por la doctora Socarras, con Ramos Corena como asistente, según consta en el expediente. En el proceso se estimó que la muerte de Tatiana se produjo -según la prueba científica y el testimonio de un experto en medicina legal citados dentro del proceso- como consecuencia de un tromboembolismo pulmonar sin la presencia de sustancias siliconadas. Los testimonios de los médicos llamados a testificar dentro del proceso evidencian que la un tromboembolismo es factible a partir de la realización de un procedimiento quirúrgico, y que ningún medio sugería que el trombo que llevó a la muerte de la joven hubiera sido causado por la presencia de sustancias no aptas para procedimientos estéticos....
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