El Distrito de Medellín, el Inder y Metroparques fueron aceptados como víctimas dentro del proceso penal que se sigue por los presuntos malos manejos en la contratación con la empresa Cyan Eventos durante la pasada administración distrital.
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Este reconocimiento fue realizado por el juez 28 Penal del Circuito de Medellín, dentro de la audiencia de acusación programada para este 16 de mayo.
En la diligencia que se llevó a cabo de manera virtual en la mañana de este viernes, los respectivos abogados de la Alcaldía distrital, del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín y de Metroparques argumentaron el daño que recibieron con las conductas presuntamente punibles que se habrían cometido, según la Fiscalía, con los contratos que se firmaron y ejecutaron entre las dos últimas entidades mencionadas y Cyan, entre 2020 y 2021, por alrededor de 23.594 millones de pesos provenientes del fondo del Presupuesto Participativo.
Según estos juristas, el daño no solo habría sido de tipo económico ya que se habrían girado estos recursos de manera indebida, sino reputacional, pues, añadieron, los funcionarios imputados habrían abusado de la función pública definida en sus cargos.
Vale la pena recordar que dentro de este caso la Fiscalía imputó a la exdirectora del Inder, Diana Paola Toro, por presunto peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
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Por su parte, la exgerente de Metroparques, María Eugenia Domínguez está respondiendo por delitos contra la administración pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.
El también exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, tiene cargos por asociación para cometer delitos en contra de la administración pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Y un cuarto presunto implicado como particular, el representante legal de Cyan, Mauricio Jaramillo; está dando explicaciones por presunta asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
Estos cargos tienen que ver con los contratos interadministrativos que el Inder suscribió con Metroparques y que luego esta entidad tercerizó con la empresa Cyan Eventos y Logística, y que comprometieron recursos por más de 21.800 millones de pesos.
El único que se opuso a que se reconociera al Inder, Metroparques y el Distrito su condición de víctimas y que en consecuencia puedan tener una presencia activa en el proceso, fue el abogado Luis Fernando Neira, defensor de la señora Domínguez. Sin embargo, el juez no acogió sus argumentos.
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